El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia (CAATIE Valencia), ha advertido del potencial riesgo que pueden suponer los edificios inacabados y recomienda a los ayuntamientos que requieran a los propietarios de las obras la realización de inspecciones periódicas para determinar su estado y prevenir posibles riesgos derivados, tanto del acceso a su interior como del deterioro de las estructuras.
Vicente Terol, presidente de CAATIE Valencia, se ha manifestado en esta línea después de que Levante-EMV informara de lo ocurrido en Canet d' En Berenguer, donde unos niños llegaron a acceder al 8º piso de una finca de lujo inacabada y el ayuntamiento exigió de inmediato medidas tanto para reforzar la seguridad como para que sus propietarios decidan si renuevan la licencia y, antes de reanudar las obras, corroboran el buen estado de la estructura o bien optan directamente por enterrar el complejo previsto en su día y por derribarlas.
Terol consideraba que el edificio de Canet «no es, evidentemente, un caso aislado» y «sólo en la provincia de Valencia, debido a la crisis, existen muchas edificaciones inacabadas, cuyo estado se debería conocer y controlar».
En la comarca, tanto en el Norte del Palància como en la zona internúcleos hay fincas cuya construcción se paralizó poco después de iniciarse y quedaron los cimientos. También el nuevo pabellón deportivo del Port de Sagunt lleva años sin seguir adelante, si bien recientemente todo el complejo se valló.
El presidente del Colegio de Aparejadores recordaba, no obstante, que la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana «establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deben mantenerlos en condiciones de seguridad, entre otras. En caso de incumplimiento, es el ayuntamiento correspondiente quien tiene capacidad para requerir actuaciones al respecto».
Terol señala que, en estas edificaciones inacabadas, es necesario un control sobre su estado y sobre el acceso a las mismas. Por ello abogaba porque los consistorio reclamen a los propietarios una inspección técnica con el consiguiente informe profesional, a cargo de arquitectos técnicos o arquitectos , sobre su estado, posibles riesgos a las personas o edificios colindantes y las medidas a adoptar para evitarlos. El riesgo, como reconocía, varía según el estado en que haya quedado la construcción interrumpida pues el problema surge cuando los elementos del edificio que no están diseñados para estar expuestos a la intemperie permanecen un tiempo prolongado así pues los materiales se degradan».
