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Variar las mesas de contratación en Sagunt en plena investigación por amaños no convence

La salida de los políticos impulsada por IP y C' s justo después del registro policial es rechazada por ADN y tampoco convence al alcalde

Variar las mesas de contratación en Sagunt en plena investigación por amaños no convence

El cambio en la mesa de contratación propuesto por IP y C's para eliminar la representación política no convence al resto de grupos. El portavoz del ADN Morvedre, Pablo Abelleira, ya dejó ayer claro que no está de acuerdo con la moción que se debatirá el martes en el pleno y que se ha materializado justo después de que la UDEF requisara de varias dependientes municipales más de 7 cajas de documentos por las sospechas de supuesta prevaricación y cohecho durante los mandatos de Alfredo Castelló como alcalde, si bien IP ya la había planteado en el pleno del martes.

El portavoz de la marca de Podemos en Sagunt consideraba que «el político está para fiscalizar también la gestión» y que además tiene la responsabilidad de « firmar en consecuencia». El alcalde, Quico Fernández, también creía que «aunque lo importante son los criterios técnicos, los políticos deben asumir su función de control» y apuntaba que «muchas veces se olvida que la corrupción no es solo propia de la clase política, sino que está en más ámbitos». En esta línea reclamaba que «no se estigmatice a los políticos, ni a nadie, pero tampoco hay que menospreciar su papel de control».

Aún así, fuentes municipales aseguraban que el gobierno local ya había pedido un informe a Secretaría General para conocer exactamente si la medida puede aplicarse a los ayuntamientos.

A la espera de lo que decida el pleno, desde ADN se consideraba que la investigación judicial «es un punto de inflexión para hacer las cosas de otra manera y buscar una mayor seriedad en los contratos, así como hacer una selección de los técnicos mucho más rigurosa».

No obstante, el edil de Contratación, Pepe Gil, consideraba que «la gente no debe tener ninguna duda de que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha seguido criterios de legalidad porque hay funcionarios de alto nivel en el ayuntamiento y mecanismos legales para que haya controles. Ahora, siempre puede haber gente que sea sinvergüenza en todos los sitios, como se ha visto en muchos ámbitos a nivel autonómico. Y, desde luego, nosotros hemos trabajado para dar más transparencia».

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