La concejala de Hacienda de Sagunt, Teresa Garcia, ha hecho una nueva propuesta para el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de 2017, en aras de un acuerdo que quedó pendiente en el último pleno después de una enmienda socialista que «pone en peligro la estabilidad financiera del ayuntamiento», según la nacionalista. El tiempo corre en contra, ya que la aprobación debe ser previa al 31 de diciembre, lo que obliga al tripartito a llevarlo a votación en un pleno extraordinaria que ya se baraja para el viernes de la próxima semana.
La nueva propuesta rebaja el tipo de gravamen del régimen general al 0,51, por el 0,52 que proponía antes, y a 0,65 para los grandes comercios e industrias, que el planteamiento original situaba al 0,695, manteniendo el IBI rústico. Esta opción «provoca un perjuicio en los ingresos municipales de unos 90.000 euros, pero hemos decidido presentarla para evitar cualquier propuesta suicida como la que sufrimos en el pleno anterior y que causó la retirada del punto del IBI», comentaba Garcia
La edil añadía que «nuestra primera proposición era equilibrada y compensaba el catastrazo, porque mantenía la recaudación para cuadrar el presupuesto, aunque suponía una pequeña subida».
Garcia acusaba al PSPV de intentar «abrir un agujero» de más de 1,6 millones en las arcas municipales con su propuesta de bajar el tipo de gravamen del régimen general al 0,475, lo que implicaría una rebaja del 16,7% . De esta forma, el tripartito se vería en la obligación de «prescindir de muchos servicios». Para la edila, la propuesta socialista «reventaría la política fiscal del ayuntamiento», por lo que acusa a los socialistas de «falta de responsabilidad y de respeto a la casa».
En clave económica, la enmienda presentada por el PSPV al IBI, «impediría seguir bajando el tipo impositivo», apuntaba la nacionalista, explicando que el gravamen mínimo permitido por la ley se sitúa en el 0,4, por lo que poco margen se tendría para seguir reduciéndolo, ya que el PSPV propone el 0,475. Por otro lado, Garcia recordaba que la reducción tan drástica también conllevaría un desequilibrio en el presupuesto.
Medida de presión
Además de la lectura económica, la portavoz del tripartito añadía una interpretación política, calificando la decisión socialista como «medida de presión» después de su negativa a formalizar un pacto de gobierno. «Esta presión no debe vehicularse a través de poner en peligro la estabilidad financiera». Ante tal coyuntura, la concejala de Hacienda hacía un «llamamiento a la responsabilidad del PSPV para garantizar la estabilidad municipal». La nacionalista iba más allá, asegurando que «con esta enmienda demuestran que no quieren ningún acuerdo y se autoexcluyen para trabajar en una alternativa de progreso».
