Cerca de 3.500 firmas recogidas en apenas cuatro mañanas en los mercados del Port y Sagunt. Este es el balance de la campaña emprendida por la federación de asociaciones de vecinos de la capital comarcal que solicita la intervención del ayuntamiento para «restituir todos los derechos vulnerados por el cambio de contadores realizado „entre 2014 y 2015„ por Aigües de Sagunt».
Aunque el «oscurantismo» se remonta a 2009, fecha de constitución de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, los vecinos han centrado la protesta en la polémica sustitución de cerca de 35.000 contadores, que se anunció como gratuita pero «no se autorizó por los usuarios, que éramos los propietarios de los aparatos, y supuso un aumento del 50 % en la cuota mensual del servicio al ampliarse el caudal de 13 a 15 milímetros, es decir, fue un engaño».
Estos y otros argumentos se repitieron ayer durante la audiencia pública organizada en Sagunt por la federación vecinal, que contó con José Ángel Martínez como ponente, después de meses de investigación en torno a este asunto. En un acto en el que no faltaron representantes municipales, encabezados por el alcalde, Quico Fernández, también se hizo referencia al destino del canon de más de 12 millones de euros que se abonó tras la constitución de la empresa, así como a «la subida del 99 % en el recibo del agua desde que se privatizó el servicio».
Sobre los contadores, el representante vecinal, Ricardo Fernández, aseguró que ya se ha trasladado a Aigües de Sagunt que «se devuelvan a sus propietarios o se llame uno a uno para negociar una compensación. Como hasta el momento no hemos obtenido respuesta, más allá de algún caso en el que se dijo que estaban en el almacén y que pasara a recogerlo, no descartamos acudir a estamentos superiores para que se respeten nuestros derechos».
El «lío» del registro policial
Ricardo Fernández reconoce que el objetivo de este movimiento vecinal es que «la gestión del agua vuelva a ser municipal» y muestra su confianza en conseguirlo después del «lío» que supuso el registro de las oficinas de Aigües de Sagunt en el marco de la investigación por supuesta corrupción en la época de constitución de la empresa.
