El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer se ha comprometido a estudiar la posibilidad de poner veto en los concursos públicos a aquellas empresas que tengan «conductas fiscales irresponsables».
La corporación tratará esta iniciativa estudiando la viabilidad de la misma a través de los distintos departamentos municipales, que deberán pronunciarse sobre la posibilidad de introducir cláusulas éticas en los contratos que eviten la adjudicación de estas entidades, entre algunas de las ideas que se plantearon el jueves en la sesión plenaria.
La propuesta surge de la moción presentada por EU, en la que se pedía medidas «para asegurar que los concursos públicos favorezcan a las empresas que tienen conductas fiscales responsables, en detrimento de aquellas que utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos». Además de «estudiar y activar mecanismos para dificultar la contratación de empresas, para servicios públicos, que tengan su sede social en paraísos fiscales o que formen parte de una matriz industrial domiciliada en paraísos fiscales», recoge la moción.
Por otro lado, se invitaba al ayuntamiento a compartir esa información relativa a empresas con otros municipios, un punto que fuer calificado de «ilegal», por el portavoz de Iniciativa Playa de Canet, Carlos Sáez, al considerar que «vulnera la ley de protección de datos».
La mayoría de partidos, que se mostraba a favor del fondo de la propuesta, que era declarar el municipio de Canet libre de paraísos fiscales, coincidió en que «era inviable» tal y como estaba redactada, dado algunos de los puntos recogidos. Entre los argumentos que se esgrimieron en contra destacó la falta de medios que tiene el consistorio para investigar a estas empresas, ya que muchas de ellas operan fuera de España y es complicado conocer su fiscalidad fuera del país.
El portavoz de Agrupaciones Canet, Joaquín Rambla, recordó la propuesta que presentó él hace unos meses y que se quedó sobre la mesa, con un sentido parecido, aunque en este caso hablaba de empresas relacionadas con casos de corrupción, una intervención que motivó el estudio de ambas en una sola con el objetivo de impedir que la administración local adjudique obras o servicio a empresas de dudosa fiscalidad o males prácticas.
Una medida que de llevarse a cabo podría evitar nuevas contrataciones con empresas con las que Canet tenía relación laboral y ahora están siendo investigadas en la conocida «trama de las asesorías».
Las críticas a la propuesta de Esquerra Unida provocaron la reacción de su portavoz, Maria Amor Uviedo, que se negó a dejar su moción sobre la mesa, votándola a favor junto a «Sí se puede Canet».
«No entiendo cómo dicen que es inviable cuando la han aprobado en otros ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Valencia, sin poner ninguna pega. No es nada ilegal, se trata de acabar con esta lacra como son los paraísos fiscales «por lo que pidió «un gesto, aunque luego estudiemos como hacerlo», dijo; petición que finalmente no salió hacia adelante.
