La asociación de Vecinos Bonilles-Romeu anunció ayer que prepara «una demanda judicial por prevaricación contra aquellos concejales del Ayuntamiento de Sagunt que voten favorablemente, o se abstengan, sobre la ocupación de la cantera del Salt del Llop», en el próximo pleno.
Así lo recoge un comunicado emitdo por los vecinos en el que dejan claro que de votarse «sí», se estaría incumpliendo el convenio firmado entre el ayuntamiento de Sagunt y Lafarge en 2013 en el que se establece como fecha máxima de explotación de esta cantera el año 2030.
Los vecinos consideran que la aprobación de este punto supondría prolongar la explotación de Romeu (la ocupación de monte público) hasta 2042, fecha que defiende la Conselleria en sus últimos informes, justificándolo con el permiso que la empresa tiene de Minas para seguir extrayendo caliza, lo que se conoce como derechos mineros.
En el escrito de la asociación también se expone que en la cantera «no existe suficiente materia prima para extraer hasta el 42».
Los vecinos arremeten contra el informe del instructor de Medio ambiente por entender que obvia muchos asuntos importantes como «la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio de la Generalitat, que la ocupación tiene una finalidad extractiva y los daños y riesgos que esta explotación extractiva supone para la población cercana».
Además, aseguran que el técnico no tienen en cuenta los pliegos y condiciones técnicas de la concesión demanial suscrita entre Lafarge y el ayuntamiento de Sagunt en 1988, en el que se establece una serie de cotas de extracción, que según los vecinos no se están respetando y no se cumplen en el nuevo proyecto de ocupación de monte público presentado.
