El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer se verá obligado a abonar cerca de 150.000 euros a la Academia Valenciana de Juristas. Se trata de la firma que asesoró jurídicamente al consistorio durante décadas; una asesoría vinculada con el exsecretario municipal de Canet José Antonio Sancho, que ha sido condenado por la Audiencia de Valencia a dos años de prisión por un delito de cohecho en el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, aunque queda por resolverse el recurso de súplica.
Una resolución del Juzgado número 6 de lo Contencioso Administrativo exige al consistorio canetero el pago de las facturas que la administración local adeuda a esta asesoría que el fiscal del caso de La Pobla de Farnals consideraba «gestionada y dirigida» por Sancho. Se trata de servicios prestados desde 2004 hasta 2011 que «se contrataron a dedo», puesto que «no hay ningún contrato ni concurso público», según apuntaba a Levante-EMV el alcalde, Leandro Benito.
Según el mandatario de Canet, se trata del pago de 46 facturas correspondientes a 16 procedimientos jurídicos que llevó la Academia durante ejercicios anteriores para el ayuntamiento, una deuda que se ha prorrogado en el tiempo, ya que «las facturas estaban sin justificar. El ayuntamiento pidió en varias ocasiones que lo hicieran para poder abonarlas, pero no lo hicieron, de modo que no les pagamos, hasta que la documentación se ha aportado a un juzgado desde donde se acredita que el trabajo jurídico se realizó,» exigiendo ahora al consistorio el pago del mismo, explicaba Benito. Sin embargo, el alcalde adelantaba que el abono de estas facturas se realizará al juzgado y no directamente a la entidad, atendiendo a un requerimiento de Hacienda desde donde se informó al consistorio que las cuentas de la firma estaban embargadas por deudas con la Agencia Tributaria.
Por otro lado, el ayuntamiento o descarta personarse dentro de lo que se conoce como «trama de las asesorias», un presunto entramado societario creado para sacar fondos públicos de distintas administraciones, entre ellas casi una veintena de ayuntamientos, entre los que se encuentran el de Canet d'En Berenguer, La Pobla de Farnals o San Antonio de Benagéber y que actualmente investiga el juzgado número 12 de Valencia, entramado en el que se apunta a Sancho como uno de los principales presuntos cabecillas.
El alcade afirmó a este medio que está a la espera de que se levante el secreto de sumario en torno a este caso para conocer si los trabajos jurídicos realizados por esta asesoría se ajustan a derecho o no. De momento el primer edil, asegura que «no tenemos sospechas fundadas» de que se estuviera actuando al margen de la ley por parte de la Academia Valenciana de Juristas, pero esperan conocer el sumario para despejar dudas y decidir si participan del procedimiento de forma activa.
En cuanto al pago de los 150.000 euros que suman las 46 facturas que se adeudan a la Academia, Benito asegura que se abonarán con cargo a la partida de gastos judiciales que tiene prevista la administración local dentro de los presupuestos de 2017, aunque no descarta que se tenga que utilizar parte del remanente de tesorería.
