El acuerdo entre el Ayuntamiento de Sagunt y Lafarge está cada vez más lejos. El consistorio recibió ayer un documento presentado por Lafarge en la conselleria que, en opinión municipal, refleja «un doble juego» de la cementera en la negociación que se sigue en varios frentes desde hace meses para compatibilizar la continuidad de la empresa con la protección del monte de Romeu.
Según fuentes municipales, la empresa ha renunciado a alcanzar un punto de encuentro con la Conselleria de Medio Ambiente y el ayuntamiento, después de que hace poco más de un mes pareciera estar muy cerca al anunciarse un principio de acuerdo sobre la base de la continuidad de la actividad extractiva en la cantera del Salt del Llop durante 10 años, con otros cinco para su restauración y tres más de garantía.
Desde el gobierno local se acusa a la empresa de actuar con «deslealtad» por haber intentado forzar la situación y «aprovecharse de la buena voluntad» de las administraciones, especialmente la autonómica. A su juicio, una muestra de esta actitud tiene relación con el pleno monográfico que la oposición en Sagunt obligó a convocar el 17 de enero, cuya propuesta de acuerdo se modificó a última hora ante el anuncio de la suspensión del procedimiento que se sigue desde hace meses en la conselleria para prorrogar la estancia de la cementera en la cantera del Romeu, donde la autorización de ocupación de monte público se agota a finales de este año.
Pronunciamiento político
Tras analizar el documento presentado por Lafarge a la conselleria el pasado día 25 de enero „y que el consistorio conoció ayer„ desde el ayuntamiento se asegura que «mientras a nosotros nos piden que repitamos el pleno, ante la conselleria solicitan la resolución favorable del expediente, dando por bueno el acuerdo de ese pleno e incluso yendo más allá, al hacer creer que en esa sesión se dio luz verde a los pliegos de condiciones de la ocupación de monte público, cuando no pasó de ser un pronunciamiento político».
Ese episodio, que provocó el posterior encierro durante tres noches de los trabajadores de la multinacional en el salón de plenos, ya cuenta con el dictamen del secretario municipal, a quien Lafarge reclamó un pronunciamiento ante las dudas legales surgidas. En este informe, Emilio Olmos empieza por señalar que el expediente no debe ser subsanado, como pedían los servicios jurídicos de la empresa, porque el documento referido a la suspensión estaba en el archivo desde horas antes de aquel pleno y se leyó durante la sesión. Añade que, independiente de su redacción, existieron signos externos suficientemente concluyentes para considerarlo suspendido.
Suspensión del procedimiento
Esta convicción, según prosigue el secretario, se sustenta jurídicamente en los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Este pronunciamiento responde también a la teoría de que aquel documento no era más que la petición de la suspensión del procedimiento. En ese sentido Olmos apunta que el instructor no tiene la competencia para adoptar una decisión así, que es responsabilidad del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, que es quien firmó la solicitud de suspensión.
El informe también pide a la empresa que se dirija a la dirección general si cree que no se dan las circunstancia para suspender el procedimiento, al tiempo que recuerda que la paralización de los plazos es una garantía de que no opere el silencio administrativo. El secretario insiste en que ese procedimiento sigue suspendido y niega la legitimidad de la empresa para señalar que los concejales vieron conculcados sus derechos de participación en los asuntos, algo que ninguno de ellos ha reclamado porque recibieron toda la información que tenía el propio secretario.
Después de este nuevo capítulo de la difícil relación entre el ayuntamiento y la cementera, el acuerdo que hace semanas parecía al alcance se aleja, mientras el tiempo se agota y los trabajadores preparan nuevas movilizaciones.
