Como concejal de Educación, defendí ante el Secretario Autonómico de Educación la necesidad de un nuevo colegio, comprometiéndose éste a su realización, apareciendo en el listado de centros previstos de nueva construcción a partir del segundo semestre de 2017. Pusimos en funcionamiento «Xarxa llibres de text », que ha beneficiado a las familias con hijos en primaria, secundaria y Formación profesional básica.
Desde EUPV defendemos una democracia participativa de toda la ciudadanía en la gestión de los bienes y servicios públicos, iniciamos el proceso para la concreción del Reglamento de funcionamiento del Consejo Local de Participación Ciudadana para que fuera más abierto. Iniciamos medidas contra la corrupción y que garantizaran la transparencia, propusimos poner en marcha una auditoría ciudadana de la deuda, para «un mejor control del gasto». Defendimos un derecho fundamental que es «difundir y recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación», grabando y publicando desde entonces las sesiones del plenos Municipales.
Se creó una bolsa de trabajo para la contratación de personal laboral temporal, para mayor transparencia se propuso constituir una Comisión de seguimiento integrada por un representante de cada grupo político municipal (no se ha convocado desde mi salida del equipo de gobierno). Apoyo a la adhesión ayuda contra la pobreza energética para ayudar a las familias más necesitadas. Por lo que pensamos que los meses que formamos parte del equipo de gobierno colaboramos a mejorar el estado de bienestar de nuestro pueblo.
Decidimos salir porque la tránsfuga Asunción García una vez consigue el acta, se niega rendir cuentas a la asamblea de EUPV, indicando que la concejala era ella y se debía al alcalde, convirtiéndose en un miembro más del PSOE, vulnerando el Pacto Antitransfuguismo. Desde la oposición hemos seguido trabajando y apoyando cualquier iniciativa social que propongan los grupos políticos y que suponga una mejora para la ciudadanía.
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Con respecto a la rebaja del IBI, en el pleno de 5 de diciembre de 2016, votamos a favor EUPV y Compromís, se abstuvo Ciudadanos y votó en contra PSOE, PP, AU y la Tránsfuga. Solicitamos al alcalde la cantidad que dejaría de ingresar el ayuntamiento si bajara el coeficiente del IBI del 0,67 al 0,573, solo nos remitía al informe de Estabilidad Presupuestaria. Planteamos que ajustando los gastos con la estimación que habíamos realizado se podría asumir. De los de 2.452 Ayuntamientos que reclamaron al ministerio que les permitiera ajustar los valores catastrales en 2017, a 550 municipios le ha consentido bajarlos, los que realizaron la revisión en 2011, como es nuestro caso, se le reconoce la mayor bajada un 13%, ya que han pasado los cinco años que establece Hacienda para la revisión del IBI. En estos años el mercado inmobiliario en la Comunidad Valenciana ha bajado un 48,2%.
Sorprende que el PSOE, con todos los informes desfavorables del Ministerio de Hacienda y de la secretaría interventora, presentara una moción en noviembre de 2012 proponiendo, «que debido a la subida enorme del valor catastral que se había producido en todo el término municipal con motivo de la revisión de 2011, se ajustara el tipo impositivo del 0,67 al 0,50 pues con ello se paliaría dicha subida». Y criticó duramente al equipo de gobierno anterior.
Por todo ello EUPV siendo sensibles a las consecuencias de nuestra decisión votamos a favor de la formación de una comisión que estudie la revisión completa del IBI.
Las conclusiones de esta comisión pueden llegar a tener un impacto importante en los bolsillos de todas y cada una de las familias de Gilet.
