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Investigación

El personal arrestado pidió en Sagunt otra forma de cobrar la ropa tras el paso de la UDEF

Quería que el consistorio le pagara en nómina el desgaste de vestuario El comité lo apoyó pero el edil de Personal defiende comprar uniformes

Los técnicos municipales de Sagunt que fueron detenidos junto al edil y exjefe de Actividades, Francisco Crispín, por un presunto delito de malversación en gastos de vestuario realizados desde 2007 a 2014 propusieron hace más de un mes cambiar el sistema empleado desde hace años para recibir una compensación por ese concepto. Su planteamiento era recibir un abono mensual en la nómina y fue avalado de forma unánime por el comité de empresa, según fuentes de Intersindical-STA. Sin embargo, no llegó a prosperar, pues el edil de Personal, Sergio Moreno (ADN Morvedre), dejó claro en una comisión paritaria que el vestuario de los inspectores de Actividades se iba a abordar en el futuro de otra manera y que su apuesta era encargles uniformes. De hecho, el edil aseguró a Levante-EMV que en el actual mandato del gobierno de Compromís, EU, ADN Morvedre y PSPV no se han pagado facturas de ropa del departamento de Actividades «porque no se han tramitado», decía.

La petición de los inspectores fue presentada por escrito al comité de empresa municipal, justo después de que agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía nacional (UDEF) acudieran por segunda vez al consistorio y requirieran numerosa documentación del departamento de Actividades, entre ella, copia de las facturas presentadas por los gastos en ropa de calle del personal que realiza inspecciones en todo tipo de negocios y empresas. La llegada de la UDEF se enmarcaba dentro de la «Operación Flotador» impulsada desde el juzgado número 4 de Sagunt que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos del ayuntamiento y en la concesión de licencias. Y, poco después de ella, llegó la propuesta de cambios.

Hasta al menos 2014, cada inspector se compraba ropa o calzado cuando creía oportuno y del tipo que considerara adecuado, sabiendo que el ayuntamiento le pagaría una cantidad para cubrir ese gasto. Por ello, tras la compra, presentaba facturas al consistorio, el concejal responsable del departamento daba el visto bueno al gasto y el interventor validaba que se le abonara en su cuenta, tal y como apuntaban ayer a Levante-EMV miembros de las secciones sindicales de CC OO e Intersindical-STA en el consistorio.

Este sistema, según estas fuentes, se seguía al menos desde 2005 con un importe de 300 euros por técnico «cada dos años», tal y como puntualizaba también el portavoz socialista y exjefe de la inspección técnica de Actividades, Francisco Crispín, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia informara de las detenciones en un comunicado de prensa donde aludía a gastos de este tipo de carácter «anual».

La compensación por ese desgaste de ropa había sido acordada en una comisión paritaria de interpretación del convenio «hace más de 15 años», según aseguraba a este diario el presidente del comité de empresa, Javier Álvaro, además de precisar que aquella medida incluía al personal que realiza inspecciones municipales tanto de Actividades como de Urbanismo con vestuario de calle.

«Evitar precedentes»

Sin embargo, el actual gobierno local descartó tanto seguir con ese sistema como por los abonos en las nóminas. Lejos de ello, edil de Personal Sergio Moreno abogó porque estos trabajadores cuenten con su uniforme específico para ejercer estas tareas «como ocurre en otros departamentos» y consideró que la propuesta sindical suponía «crear un serio precedente, al que podrían querer acogerse otros trabajadores».

Ante el argumento de Intersindical-STA de que la opción del uniforme «es más cara», Moreno considera que «probablemente sea así» pero opinaba que «es lo más adecuado y acorde con lo que se hace con otros trabajadores», decía además de considerar que ese uniforme debería llevar incluido el distintivo municipal. Según apuntaba: «Se dejó todo pendiente de hablarlo con los implicados y ver la forma de llevarlo a la práctica según los cauces legales establecidos», aseguraba el edil sin querer entrar en valoraciones de los arrestos «en un tema que está bajo secreto del sumario».

Hoy están citados en el juzgado tanto los 4 técnicos como el ahora el edil socialista Francisco Crispín, cuyo grupo municipal gobierna en la ciudad junto a Compromís, EU y ADN Morvedre, aunque sin que él tenga delegaciones.

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