Una orden de desahucio vuelve a amenazar a una familia de ocho miembros, tres de ellos menores y un octogenario de Sagunt. El desalojo está previsto para el próximo 26 de septiembre, después de que el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, junto con la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de El Camp de Morvedre paralizaran «momentáneamente» la orden anterior de alzamiento, emitida el 6 de mayo.
Respecto a aquel momento, poco se ha avanzado, ya que el juzgado número dos de Sagunt dio más tiempo a la familia, a la espera de que otro tribunal de Granada emitiera las medidas cautelares que paralizaran el alzamiento de este inmueble ubicado en la calle 2 de Mayo de la capital de El Camp de Morvedre. Mientras la espera continua, la desesperación de la familia aumenta, al reiniciarse la cuenta atrás para abandonar el que ha sido su hogar desde hace 35 años.
La matriarca adelantaba a Levante-EMV que «solo necesito más tiempo y un poco de humanidad». Así lo transmitía ayer en los juzgados, donde acudió en busca de ayuda explicando su situación.
Esta familia lleva esperando estas medidas cautelares, en las que tienen puestas todas su esperanzas desde el pasado 26 de mayo, unos documentos con los que esperan que se acredite que los afectados están pendientes de un juicio «por estafa» relacionado con el inmueble sobre el que se ha cursado el desahucio. A esto se suma la vista para el próximo 14 de noviembre en los mismos juzgados andaluces, en la que los afectados deberán aportar testigos y documentación que corroboren el presunto delito.
Fondos buitre
Tal y como adelantó la familia y corroboró la PAH, así como la concejala de Servicios Sociales de Sagunt, Mónica Caparrós, el inmueble objeto de desahucio fue vendido por una entidad bancaria a lo que se conoce como «fondos buitre» de donde lo adquirió una tercera persona. «Lo compró por 33.000 euros cuando mi casa estaba tasada por 190.000». Aún así, llegaron a un acuerdo para abonar 57.000 euros, que se harían efectivos en la firma de la hipoteca, rúbrica que nunca llegó a producirse ya que antes la familia tenía la orden de desahucio encima de su mesa.
Este juicio por «presunta estafa» todavía está pendiente de celebrarse, pero puede ser determinante para impedir el desahucio.
Aunque la edil de Servicios Sociales explica que el ayuntamiento no tiene competencia jurídica para paralizarlo, ya que es un asunto que depende del juez, sigue tendiendo la mano a la familia.
