Oír como hemos tenido ocasión estos últimos días, de quienes llevan gobernando esta ciudad desde el 5 de julio de 1991, cómo se atribuye toda la responsabilidad sobre el estado al que ha llegado el Cabanyal a «determinadas plataformas [los Salvem] que actúan con el beneplácito del partido socialista», que han impedido que el todopoderoso gobierno municipal pudiera llevar adelante su ansiado y por todos conocido interés de regenerar el barrio, resultaría un tanto cómico, si no fuera porque hay vecinos que se lo creen.
En 1988 el PSOE, con su falta de determinación en la aprobación del Plan General, no fue capaz de dejar resuelto el planeamiento del Cabanyal-Canyamelar y en cambio, ante la indecisión, optó por diferir la solución concreta de «la conexión del paseo al mar con el paseo marítimo, previo análisis y decisión sobre su continuidad o no», a un estudio posterior, acotando un Área de Planeamiento Diferido, que debía quedar redactado en el siguiente cuatrienio. Aun bajo su responsabilidad, en ese mismo año, se organizó un Concurso Internacional de Ideas para la conexión de Valencia con el frente marítimo, cuyo fallo se dio a conocer en diciembre de 1989, dejando desier-to el primer premio, porque se juzgó que ninguno de los trabajos presentados aportaba una solución global que cumpliera los objetivos establecidos en las bases del concurso. Unos pocos años después, en 1993 y ya con Rita Barberá como alcaldesa, fue la Generalitat Valenciana, gobernada aún por Joan Lerma, la que decidió declarar Bien de Interés Cultural al Conjunto Histórico Protegido del Cabanyal.
Así pues, es en estas condiciones en las que la señora Barberá debe asumir su plena responsabilidad sobre lo bueno y lo malo que haya podido ocurrir con nuestro barrio, desde que ella gobierna. No cabe mirar fuera para buscar responsables sobre la degradación paulatina del barrio. Si los socialistas se mostraron indecisos y prefirieron congelar el barrio, ellos sabrán con qué resultados electorales, han sido los populares los responsables de mantener la nevera en condiciones, y por el olor que sale de algunas casas, más bien parece que los congeladores se desconectaron hace muchos años. ¿Acaso piensa la señora alcaldesa que ayudan a regenerar el barrio las muchas casas propiedad de Cabanyal 2010, que se están alquilando sin contar con suministro de agua ni luz y cuya falta de habitabilidad hace que acaben alquilándolas a los más desfavorecidos de esta sociedad, que prefieren estar ahí antes que debajo de un puente, aunque precisen hacer sus necesidades en la puerta de la casa? Quien diga que esto es un bulo, sencillamente miente o no se entera de lo que pasa en el Cabanyal.
Culpar a las distintas organizaciones vecinales por haber recurrido a los tribunales, cuando esos mismos tribunales creyeron que había argumentos suficientes como para suspender cautelarmente las demoliciones, no les libera de su responsabilidad de crear las condiciones para una gestión adecuada de la regeneración del 98 % del barrio que no ha estado en ningún momento afectado por la prolongación ni paralizado por ninguna suspensión cautelar. Lo que sucede es que la única gestión que se ha hecho durante estos diez últimos años ha ido dirigida a crear las condiciones que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos amistosos para la compra de viviendas en la zona afectada por las futuras expropiaciones. Unos acuerdos que en apenas algún caso se han producido con vecinos que tenían esa vivienda como su lugar de residencia, ya que difícilmente se puede encontrar a alguien tan ingenuo como para vender amistosamente su casa por la tercera o cuarta parte de lo que le costaría comprar otra de idénticas características a la suya en la cera de enfrente, como está ocurriendo en la calle San Pedro. Tan sólo hay que asomarse a los escaparates de las inmobiliarias próximas para comprobar que lo que el ayuntamiento pretende expropiar a 500 euros/m2, su precio de mercado está a una media de 2.350 euros/m2. Según parece, los vecinos de este barrio que ven con buenos ojos los argumentos municipales que dicen «defender el interés general, y no intereses particulares de unos cuantos» expropiables, no se muestran tan generosos con las muchas viviendas vacías que algunos poseen fuera de la prolongación y que «por el interés general» o por caridad cristiana, según prefieran, podrían ofrecer al ayuntamiento por el mismo valor del justiprecio del bien que van a perder los otros por la vía de la expropiación. Tal vez si se pusiera en marcha el Registro Municipal de Casas Vacías, como ya se ha hecho con el de solares, algunos defensores del interés general empezarían a ponerse nerviosos.
La empresa mixta Cabanyal 2010, cuya legalidad está cuestionada por los tribunales europeos, no es la Oficina Riva que pueda gestionar la regeneración del barrio, ya que, aunque ostenta algunas competencias municipales en cuanto a información urbanística, expropiación y realojos, carece de todas las competencias propias de una oficina de rehabilitación integral, como la que ha empezado a funcionar últimamente en Ruzafa. Carece de competencias de gestión y resolución de expedientes de ayudas para la rehabilitación. Tampoco cumple con los objetivos sociales que tienen estas oficinas. No se puede ocultar que es una empresa formada por accionistas (Armiñana, Pavasal...), en la que no hay lugar para la participación de los agentes urbanos existentes y, en particular, de aquellas asociaciones que representan a los habitantes y comerciantes del Cabanyal-Canyamelar, participación que en cambio contempla el propio Pepri. Su gestión sólo ha creado desconfianza, comportándose como una auténtica empresa inmobiliaria sin escrúpulos, en la que algunos vecinos que se han acercado ingenuamente han visto cómo ofertas que se les hacían hoy dejaban de ser válidas al día siguiente.
Convencidos de que una Oficina Riva es el instrumento indispensable para empezar a poner en marcha la regeneración del Cabanyal, desde la asociación de vecinos, en varias reuniones mantenidas con el señor Alfonso Grau, le hemos manifestado la imperiosa necesidad de ponerla en marcha, pero su respuesta siempre ha sido la misma: «No, mientras no haya una sentencia definitiva de los tribunales». Él bien sabe que ha sido así, de manera que, una vez más, le repetimos que no necesita esperar a que el Tribunal Supremo levante ninguna suspensión cautelar para empezar la regeneración del Cabanyal. Tan sólo lo impide la estrategia especulativa que el gobierno municipal se ha marcado. Ésa es su responsabilidad.
*Vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar
