Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita, comisiones ilegales a cambio de recalificaciones urbanísticas y, en definitiva, corrupción componen el ramillete de presuntos delitos que el juez Baltasar Garzón investiga desde hace un año en relación con un grupo de personas, cinco detenidas y unas 30 imputadas, que han venido desarrollando negocios al calor de sus buenas relaciones personales y políticas con dirigentes del PP.
En un maridaje que resulta escandaloso, estas personas aparecieron pegadas al riñón de los gobernantes populares en ayuntamientos y comunidades autónomas, como la valenciana y la madrileña, y no sólo se dedicaron a organizar actos de partido, sino que fueron presentadas a alcaldes y otros responsables políticos como empresarios ideales para desempeñar trabajos institucionales, una recomendación de casi obligado cumplimiento cuando procede de las altas jerarquías, como sucedía en la Comunitat Valenciana desde la dirección regional del PP y hacia las organizaciones provinciales y ayuntamientos. Empresas prácticamente del partido que funcionan por relaciones. A la espera de que la justicia arroje luz sobre el asunto, lo que se conoce del funcionamiento ya implica vicios inaceptables en una administración donde el mérito, la capacidad y la transparencia deben ser los principios rectores, y no el aforismo que dice que quien tiene un amigo tiene un tesoro.
