El Consell replicó la semana pasada al gobernador del Banco de España que ya había hecho sus deberes con la aplicación de un plan de austeridad para recortar gastos. Sin embargo, los datos conocidos ayer suponen un revés para esa presunción: en sólo ocho meses, el gasto corriente del Ejecutivo autonómico se había desviado al alza en 437 millones sobre lo previsto para el ejercicio. Con el agravante de que no se trata de inversiones, sino de los gastos de funcionamiento: nóminas, transferencias, consumos ordinarios y el pago de los intereses de la deuda, entre otros capítulos. Además, y después de que el conseller correspondiente alardeara de haber reducido también el gasto correspondiente, ayer también se conoció que los fondos para medicamentos previstos para todo el año ya se habían agotado en agosto y al ritmo que llevaban. al finalizar el año pueden superar en más de un 50% el presupuesto inicial.
Es evidente que la Generalitat tiene un problema de control de gasto, al margen de las insuficiencias de financiación. El aparato administrativo —y el de las empresas públicas— ha crecido más allá de lo razonable y la actual situación de crisis económica obliga indefectiblemente a adoptar medidas urgentes y dolorosas, aunque procurando preservar el mantenimiento de aquellos servicios públicos sobre los que se fundamenta el actual Estado del Bienestar. El sobredimensionamiento de la Administración amenaza con pasar una factura demasiado gravosa para el futuro de la Comunitat Valenciana.
