Siete años después de que el Prestige alquitranase a fondo la costa gallega y parte de la francesa, el actual Gobierno ha venido a dar la razón a sus predecesores que entonces optaron por mandar aquel zozobrante cascajo repleto de fuel «al quinto pino». Las vueltas que da la historia.

Si el conservador Francisco Álvarez Cascos decidió enviar el buque a tan remoto lugar del océano, ahora es el ministerio dirigido por el socialdemócrata José Blanco el que avala —un tanto tardíamente— esa gestión criticada con dureza en su día. Han tenido que pasar más de siete años para que aquel acto demostrativo de la incompetencia del Gobierno de Aznar pase a ser, por arte de birlibirloque, la mejor de las decisiones posibles. Se conoce, en fin, que el poder acaba por igualar la perspectiva de quienes lo ejercen: y ya sean de la banda de babor o la de estribor, todos acaban por poner rumbo al quinto pino.

Las lanzas que Zapatero y Blanco enarbolaban contra Aznar y Cascos en los primeros días de la catástrofe se han vuelto inofensivas cañas ahora que todos ellos parecen estar de acuerdo. Así lo certifica al menos un informe del Cedex, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, cuyos peritos opinan, tras seis meses de pesquisas, que la decisión de alejar el Prestige de la costa fue la más acertada en tanto que evitó una contaminación mayor aún. Aseguran los expertos ministeriales que el petrolero iba a hundirse de todos modos, por lo que el efecto del vertido sería más grave y duradero en el caso de que la autoridad al mando ordenase su remolque a alguna de las rías.

Cierto es que Zapatero podría invocar los altos intereses monetarios del Estado para justificar el brusco cambio de rumbo en las tesis que hasta ahora sostenía sobre las causas de la catástrofe. Azares judiciales han determinado el encausamiento del ex director de la Marina Mercante José Luis López-Sors por un delito contra el medio ambiente que, en caso de condena, obligaría al Estado a pagar indemnizaciones tal vez cuan­tiosas como responsable subsidiario. Y quiere la paradoja que la base argumental de la defensa sea precisamente el informe con el que el actual Gobierno convalida la bondad y hasta la excelencia de la decisión de alejar el barco que tan ásperamente les reprochó hace siete años a sus antecesores.

Motivos al margen, el hecho es que los gobiernos de Aznar y Zapatero —tan distintos y distantes— coinciden al cabo de los años en que la decisión de enviar el Prestige a las quimbambas fue la más acertada entre todas las posibles. Nadie lo hubiera dicho allá a finales de 2002, cuando los socialdemócratas miraban a los conservadores desde detrás de las pancartas.

Nada de eso hace olvidar, naturalmente, la sensación de orfandad institucional que el Gobierno creó en el pueblo gallego con su indolente gestión de aquella crisis. Un sentimiento de abandono lo bastante intenso como para sacar por primera vez a la calle a miles de ciudadanos curtidos en seis o siete anteriores mareas negras. Y lo bastante real como para que tuvieran que ser los marineros de Galicia quienes —en ausencia de la autoridad incompetente— se ocupasen del despliegue naval que evitó la entrada del fuel en las rías.

Las últimas noticias del ya casi olvidado caso Prestige traen en estos días otra nueva sensación: la de que muchos políticos se dedicaron a acarrear votos mientras los voluntarios sacaban chapapote de las rocas y los pescadores hacían lo propio en la mar. Si la desidia hundió al gobierno de entonces, lo que ahora se va a pique es la credibilidad general de los políticos que sostienen con la misma desenvoltura una opinión y su contraria según las conveniencias del momento. De seguir así, acabarán por alejar a sus votantes hasta el quinto pino.