Amigo lector, suponga que usted tiene una enfermedad diagnosticada por su médico. Éste, tras confirmarle que su salud requiere tratamientos importantes, quizás urgentes, sorprendentemente le confiesa que tiene previsto jubilarse en pocos meses, y que por ello, es mejor esperar a que llegue su sustituto, quien ya decidirá lo que hay que hacer con su dolencia. ¿Se imagina cómo reaccionaría? Disculpas a la profesión médica, en la que es difícil imaginar que su deontología haga verosímil una situación como ésta, aunque mas allá de lo odioso de toda comparación, sea una metáfora válida para explicar la situación que vive la Generalitat Valenciana (GV) responsable de buena parte de nuestro «estado del bienestar» y cuyos servicios ya no está en condiciones de pagar. En la comparación: la deuda que ya nadie quiere comprar, es la enfermedad que nos afecta; las elecciones del 22 de mayo, la fecha de jubilación del Conseller del ramo; la inacción ante la patología, la reacción que tiene el Consell (siempre el odioso ZP) y el dejarlo para el que venga, es el anuncio de Gerardo Camps, tras presentar la liquidación del presupuesto de 2010: «La GV tendrá que realizar nuevos recortes de gasto tras las elecciones autonómicas». La pregunta del enfermo del inicio es obvia: ¿por qué no se ha empezado a actuar? Hace unos meses, ante la crudeza de la crisis, se abrió la posibilidad de acuerdos económicos, entre la GV y la oposición; no fueron capaces de llegar a nada y han seguido unos meses con un vacío, poco menos que suicida. La realidad es muy tozuda y el viernes Moody´s bajó la clasificación de la CV de A1 a A2 (igual que Castilla-La Mancha y un poco por encima de Cataluña: A3 desde A2) lo que empiezan a situar la deuda de estas Comunidades Autónomas (CC AA) con calificaciones cercanas al bono basura, o si se quiere con intereses insoportables. Con la poca fiabilidad mostrada en sus previsiones presupuestarias, la opinión generalizada es que GV no va a controlar su déficit. Un juicio que se reforzó al conocer el cierre del 2010 (empresas públicas no incluidas) según el cual, la GV gastó 2.549 millones de euros más de los que ingresó. Una diferencia que no compensó el recurso al endeudamiento y la financiación ajena 3.354,7 millones, 1.091 millones más de lo presupuestado) por lo que el año acabó con un déficit de 379,9 millones. La incapacidad de los políticos para afrontar una situación tan crítica en etapa electoral, la señalan voces muy distintas, desde Moody´s —«las elecciones de mayo en no van a ser propicias para el lanzamiento de reformas estructurales, especialmente las relacionadas con el sistema sanitario y el educativo»— hasta Joan Roig al presentar los resultados de Mercadona: «El sector público no ha hecho nada para hacer frente a la crisis. Le cuesta mucho cambiar porque hay elecciones». Sin embargo es imprescindible que la GV asuma la situación, mas con las pobres perspectivas de crecimiento del conjunto de España, lo que seguirá afectando inevitablemente su recaudación impositiva. Algunas CC AA, como la valenciana, se han endeudado de forma enloquecida, aprovechando dos circunstancias: a) La inexistencia de un órgano superior que acabara controlando la deuda en la que incurría cada Gobierno Autónomo. Esta carencia explica la intención de Merkel de pedir que la capacidad de endeudamiento de un estado (y por ende, del conjunto de sus Regiones y municipios) adquiera el valor de mandato constitucional. b) La carencia de una base suficientemente sólida, por la cual el Estado central avalara explícitamente la deuda generada por las CC AA.
No ha sido hasta la puesta en marcha de los nuevos mecanismos del Consejo de Política Financiera y Fiscal, consecuencia de las obligaciones asumidas por el Reino de España, donde expresamente se reconociera que cualquier tipo de deuda emitida por las CC AA debe ser expresamente autorizada por el gobierno del Estado.
El debate sobre los presupuestos de las CC AA está abierto. En cifras absolutas, el conjunto de Gobiernos se enfrentan al reto de rebajar los números rojos de 30.000 M€ a 13.993. Para hacerse una idea de la magnitud del recorte basta recordar que el conjunto del sector público ha logrado recortar en 20.000 millones su déficit después de reducir un 5% el sueldo a los funcionarios, congelar las pensiones, elevar el IVA, el IRPF y los impuestos especiales o suprimir la mayoría de inversiones públicas previstas, entre otras medidas de austeridad. Ahora, las CC AA deberán hacer un esfuerzo similar. A medida que aparecen nuevos datos, la situación no hace sino complicarse ya que no se está diciendo toda la verdad. Cuando las CC AA publicitaron drásticos recortes del gasto comparaban el Presupuesto de 2011 con el aprobado en 2010, pero como ahora sabemos que las previsiones presupuestarias del año anterior no se cumplieron, si se compara el Presupuesto de 2011 con el gasto realmente realizado en 2010, se observa no una disminución, sino una alza, ya que los datos de ejecución de las CC AA (con presupuestos aprobados) indican que sus gobiernos gastaron en 2010, 132.688 millones, mientras que sus presupuestos de 2011 prevén gastos por 138.240 millones.
El esfuerzo fiscal sin precedentes que los acuerdos en la zona Euro exigen a las autonomías requerirá que las CC AA aprueben mayores recortes si quieren reducir el déficit del 2,83% del PIB en 2010 a 1,3% en 2011. En la CV tenemos una situación critica que no puede demorarse por más tiempo y es imprescindible decir la verdad a los ciudadanos. Desgraciadamente la escala de valores de los políticos no coincide con la de los médicos. Sin discutir la legitimidad democrática de los responsables de la GV, se hace muy duro aceptar que los potenciales efectos que determinadas medidas, inevitablemente impopulares, puedan tener sobre la probabilidad de salir elegidos justifique el silencio y la falta de decisiones en determinados periodos. Aceptar este principio puede tener algo de inmoral, además de poner en duda las verdaderas raíces de la democracia, en tiempos tan difíciles.
