El Consell parece haber aplicado un doble rasero a Acció Cultural del País Valencià y a otras empresas a la hora de ordenar el cierre de los repetidores que ha acabado con la recepción de la señal de TV3 en la Comunitat Valenciana. Así se desprende al menos de los documentos que hoy desvela Levante-EMV: en junio de 2009, la Generalitat aceptó las razones de una empresa propietaria de repetidores a la que se le ordenaba cesar en las emisiones ilegales de programas de tarot y otros. La empresa adujo que se limitaba a transportar la señal, que no era la concesionaria del canal y que, por tanto, la Administración autonómica no tenía competencias para sancionarla. La Dirección General de Promoción Institucional admitió ese razonamiento jurídico y no emprendió ningún tipo de acción. Pero esas mismas alegaciones por parte de ACPV no sirvieron para nada y la Generalitat ha forzado el fin de las misiones de TV3.
Esta disparidad de criterio por parte del Ejecutivo autonómico puede interpretarse como una arbitrariedad que da pábulo a sospechas de que se actúa con parcialidad en función de determinados intereses ajenos a la estricta aplicación de la legalidad. Porque llama la atención el hecho de que esa misma Administración que tan tajantemente ha actuado en este caso con un marcado cariz político, no interviene, o simplemente mira hacia otro lado, cuando se trata de poner orden en el espacio radioeléctrico y de hacer cumplir la ley a las empresas que la vulneran con unas emisiones ajenas por completo a los términos fijados en las concesiones.
