La actualidad económica refleja que en los mercados se está instaurando el temor a una vuelta a la recesión mundial. España atraviesa una situación económica y social muy delicada que, en este contexto, la sitúa en una posición vulnerable. Urge un cambio de rumbo en la política económica de nuestro país. Ese cambio se producirá tras el 20-N, cuando el Partido Popular gane las elecciones generales. Nuestra economía, para que consiga recuperarse sólidamente, además de una serie de reformas estructurales, necesita unas políticas presupuestarias adecuadas que permitan reducir el déficit público para conseguir restaurar la confianza y credibilidad en nuestra maltrecha economía.

La reforma constitucional, pactada entre el Partido Popular y el PSOE, introduce como mandato la disciplina presupuestaria que va a aportar muchas ventajas garantizando además, entre otros aspectos, que no se trasladen a generaciones futuras los excesos presupuestarios y la viabilidad financiera de los servicios y prestaciones públicas. Pero, ¿cómo se puede reducir nuestro déficit público y alcanzar la estabilidad presupuestaria sin perjudicar el Estado de Bienestar? Las subidas de impuestos no tienen por qué ser la solución. El camino adecuado para reducir los desequilibrios públicos es el de la austeridad y eliminación del gasto superfluo, pero sobre todo ensanchar las bases tributarias vía mantenimiento de nuestro tejido empresarial, creación de las nuevas empresas y de empleo.

Desde el Partido Popular hemos venido defendiendo que la política fiscal correcta en estos momentos de crisis, y además la más progresiva y solidaria, no es la que se basa en subidas de impuestos y en el constante crecimiento de la carga fiscal que soportan las clases medias de nuestro país, sino la que tiene en cuenta las circunstancias y cargas de las familias y la que permite a las empresas y a los ciudadanos reactivar sus actividades económicas y crear empleo. Hoy ya sabemos que desde el Partido Popular se está trabajando en una gran reforma fiscal que llevará a cabo cuando se produzca el esperado cambio de gobierno.

La crisis ha tenido efectos devastadores sobre nuestro tejido empresarial y, por tanto, importantes consecuencias negativas en términos de destrucción de empleo. Así, se baraja la posibilidad de bajar los impuestos a los emprendedores, congelar las cargas que se asocian con la apuesta en marcha de un negocio para fomentar el espíritu emprendedor y se estudia también una bajada hasta el 20% del Impuesto de Sociedades para pymes. El Partido Socialista lo que viene planteando es una subida de impuestos a los más ricos. Pero hay que recordarle que fueron ellos los que subieron el IVA —subida a la que se oponía el Partido Popular— y que ha tenido una clara incidencia negativa sobre las clases medias y sobre la evolución del consumo. De hecho, la recaudación de Hacienda, desde la entrada en vigor de esta medida, se ha estancado. Por lo tanto, las subidas de impuestos no siempre implican un incremento de la recaudación. En suma, vislumbramos dos maneras diferentes de entender las políticas fiscales y, por tanto, la política económica.

Desde el Gobierno valenciano, dentro del margen de sus competencias, se ha venido llevando a cabo una política fiscal basada en la rebaja de impuestos que ha permitido que los valencianos disfruten de un amplio conjunto de beneficios fiscales. Se mantiene el compromiso de no subir los impuestos y llevará a cabo una política basada en la austeridad. Estas políticas son las que nuestro país, nuestra economía y la sociedad necesitan: las políticas del Partido Popular y no las ocurrencias del Partido Socialista y de su candidato Rubalcaba, como es la recuperación del impuesto de patrimonio que castiga al ahorrador y además supone pagar dos impuestos: uno por trabajar y otro por ahorrar. Por tanto, no lo aceptamos, porque la solución a la crisis pasa por la generación de empleo y reformas estructurales.