Los representantes de Compromís, Mónica Oltra y Enric Morera, persiguen denunciar el enchufismo que puede existir en funcionarios y restantes servidores públicos. El fin último perseguido es, en sí mismo, deseable. El acceso a tales profesiones, de acuerdo a nuestras leyes, debe adoptar los principios de mérito y capacidad. Con ello se evita la arbitrariedad y se garantiza la igualdad de oportunidades. Esta última, a su vez, posibilita la movilidad social, el derecho de todo ciudadano a alcanzar responsabilidades públicas si así lo justifica su valía profesional. Es éste un conjunto de valores que comparte masivamente el personal de las administraciones públicas que ha tenido que aprobar oposiciones y pruebas muy exigentes, en competencia con centenares o miles de aspirantes y, en muchos casos, dedicar a ello los mejores años de su juventud.
La bondad del fin, sin embargo, no impide que se califique de abominable el método escogido para alcanzarlo. Veamos algunos motivos:
1.El procedimiento adoptado se basa sobre la delación. Por ello, todo tipo de rencillas personales o profesionales que involucren a un trabajador público pueden dar pie a la sospecha de que se trata de un «enchufado»: basta con que el agraviado o enemistado rellene los campos de un breve cuestionario accesible a cualquiera.
2.Afirman los proponentes que realizarán algunas comprobaciones antes de publicitar a enchufados y –suponemos- enchufistas. No explican, sin embargo, cómo lo harán. Y este punto es de enorme trascendencia. Porque si disponen de medios propios para investigar la vida laboral de los empleados públicos, deberían explicar cuáles son y su soporte legal. Si no disponen de tales medios, cabe inferir que recurrirán a empleados públicos de su confianza para que dediquen parte de su tiempo a investigar a sus compañeros, esto es, a una flagrante ilegalidad. Finalmente, concluido el sucinto sumario, desconocemos si los señores Morera y Oltra contrastarán su información con la persona afectada, al objeto de que sea escuchada antes de su condena al escarnio público. Ya saben: aquello de escuchar al reo antes de condenarlo.
3. De la información publicada no se desprende el alcance de la iniciativa, pero parece entenderse que abarca a todas las administraciones, incluida la municipal. La señora Oltra ha afirmado que no se harán distinciones si la delación afecta a personas ideológicamente próximas; pero, ¿quién vigilará al vigilante, para acreditar que así sea? Porque, en ayuntamientos, algunos de sus aliados no han sido coherentes con la bandera de pureza que ahora erige. ¿Quién garantiza que esa bandera se mantendrá inmaculada?
4. De lo leído, parece deducirse que quedan excluidos de la condición de «enchufadas» las personas que ocupan puestos de asesores o similares. Suponemos que se refieren al llamado personal de confianza. Sin embargo, la exclusión no parece justificada porque, en diversos lugares, ha podido comprobarse que los «asesores» asumen responsabilidades de dirección y supervisión, que precisan de profesionales experimentados, sin acreditar ni profesionalidad ni experiencia: sólo su fidelidad al otorgante de la sinecura. Por lo tanto, la acotación del nepotismo no justifica este tipo de exclusiones sino que, más bien, la recomienda.
5. Finalmente, es más que discutible la legitimidad de Compromís para emplear procedimientos que, aunque no sea su propósito, invocan dictaduras, inquisiciones y torquemadas. Sin ir más lejos, la delación estuvo en el origen de trágicas aniquilaciones durante y después de nuestra Guerra Civil. Se entiende la delación anónima para prevenir o resolver graves actos criminales, pero siempre bajo la responsabilidad de jueces y policías, esto es, de autoridades públicas, no de portavoces de un órgano parlamentario. Y, si se emplea como posible argumento que quien ha entrado en la administración justamente nada tiene que temer, recordemos que esta misma afirmación ya se escuchó, –y mucho-, en el franquismo, para la justificación de sus métodos.
Por lo tanto, el uso de la delación anónima como método repugna al estado de derecho, al derecho al respeto a la propia imagen, a la condición reservada de la información personal y a la civilidad democrática. La delación puede alimentar morbos y afanes escabrosos, perjudicar a personas íntegras, suscitar desconfianza y recelo entre los propios servidores públicos y, al final del camino, desprestigiar a todos ellos porque lo que mancha a pocos acaba siendo estigma de todos.
Tanto es así que, de mantenerse su iniciativa, estoy dispuesto a inculparme a mí mismo y a invitar a otros a que hagan lo mismo. Por más que rechace el enchufismo, por más que me repugnen sus consecuencias.
