El que la Justicia siga siendo gratuita depende de su sostenibilidad financiera: no puede ser que corra peligro, por ejemplo, por el coste excesivo de los abogados adscritos en el turno de oficio. De igual modo que la atención sanitaria o la educación, la asistencia jurídica gratuita es un servicio público que prestan las autonomías, y como tal los precios con los que se retribuya a los profesionales que lo presten deben ser también precios públicos, es decir, importes que no tienen por qué ser equiparables a los honorarios que los abogados percibirían por ejercer libremente la profesión. No olvidemos que las retribuciones que perciben los colegiados por el turno de oficio no son sus salarios o sueldos, sino el pago por un servicio que prestan a los ciudadanos y que financia la Generalitat en cumplimiento de un mandato constitucional refrendado por nuestro Estatuto de Autonomía. Asimismo, conviene recordar que los abogados que participan en el turno de oficio lo hacen libremente, puesto que trabajar en él es una decisión voluntaria y con unos requisitos de acceso establecidos por los colegios profesionales, donde las administraciones públicas nada tienen que ver. En este sentido, la racionalización de su coste emprendida por el Consell persigue evitar situaciones de indefensión a los ciudadanos sin recursos económicos suficientes para costear los servicios de los colegiados en el escenario actual de restricción presupuestaria.

La asistencia jurídica gratuita, como muchos otros servicios públicos, se ha debido ajustar a la realidad financiera que atravesamos, sin que ello afecte a la calidad y a la accesibilidad a este recurso. Permítanme que adopte el símbolo más representativo de la Justicia, la balanza, para expresar de una manera gráfica el equilibrio. En uno de los brazos que parte del punto de apoyo donde se sitúan los ciudadanos con derecho a una asistencia jurídica gratuita se encuentran los 18,3 millones de euros que, a través del presupuesto inicial, destinó el año pasado la Generalitat para el pago a colegiados y procuradores del turno de oficio de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, para salvar el contrapeso del otro brazo de la balanza, la Generalitat tuvo que añadir a lo largo de 2011 diez millones más; de manera que, durante el pasado ejercicio, se destinó más de 28 millones de euros para financiar el turno de oficio. Este año, pese a las limitaciones financieras para frenar el déficit público, la Generalitat depositará en esta balanza ilustrativa dos millones de euros más que en el 2011 para financiar la asistencia letrada al detenido y 500.000 euros más para procuradores.

Ante este esfuerzo financiero en un escenario de fuerte restricción del crédito, ¿no ven ustedes razonable la reducción del 26,5% de las retribuciones de los abogados del turno de oficio para equilibrar la balanza y ajustarse así a lo presupuestado? ¿No resulta lógico adoptar esta medida si uno de los objetivos primordiales de las administraciones públicas es la reducción del déficit? Yo creo que sí, máxime cuando en ningún caso esta medida ha sido a costa de la dignidad profesional de los colegiados, pues éstos siguen percibiendo, proporcionalmente a su trabajo, bastante más que el resto de colectivos vinculados al ámbito judicial, como jueces, fiscales, secretarios o médicos forenses. Además, las retribuciones del turno de oficio no son los salarios de los abogados.