Los responsables de la Conselleria de Educación han decidido poner un cuidado especial en que los centros públicos de la Comunitat Valenciana no luzcan carteles ni pancartas de protesta contra los recortes y han encargado a los inspectores que velen por el cumplimiento de este mandato. Con la tensión que se vive en colegios, institutos y universidades, cuando hasta los padres convocan manifestaciones y huelgas, va a resultar vano el empeño de las autoridades en mantener las escuelas sin signos internos y externos de conflicto. Y cualquier medida sancionadora que se adopte contra directores o docentes no hará más que alimentar la tensión.
La Administración tiene la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos, obtenidos de los impuestos de los ciudadanos, y es evidente que la crisis económica ha mermado los ingresos y obliga a rebajar los gastos. Pero no es menos cierto que la ciudadanía es especialmente sensible a los recortes en educación y las voces más autorizadas insisten en que la apuesta para salir de la delicada situación económica ha de estar basada en reforzar la educación, incrementar sus recursos y luchar contra el fracaso escolar, puntales de la investigación, el emprendedurismo y la cohesión social.
Los inspectores tienen un papel encomendado que guarda escasa relación con ejercer de policías del gobierno de turno. Las deficiencias de los centros y la falta de medios han de ser la sustancia de su trabajo. Para resolver problemas, no para crear otros mayores.
