Uno de los riesgos de llevar tanto tiempo en el poder „casi 18 años en el caso del PP valenciano„ es que el recurso al victimismo se agota y tarde o temprano acaba uno mostrando impúdicamente sus propias vergüenzas. Protestar por la herencia recibida es la táctica más frecuente hasta que las canas impiden a los políticos alegar bisoñez. Cuando la acumulación de trienios dificulta culpar de todos los males al gobierno anterior y ya no quedan alfombras que levantar en los despachos oficiales siempre queda como alternativa zurrarle al Ejecutivo central, siempre que no compartan los mismos colores políticos. Y cuando ambas excusas resultan impracticables sólo cabe alambicar el lenguaje o callar. La consellera de Territorio no tuvo ayer en cuenta estas precauciones y vendió vivos a todos sus antecesores sin tener en cuenta que también eran militantes del PP. Isabel Bonig anunció que había detectado un fraude del 39 % en el pago de los alquileres de las viviendas sociales del Ivvsa y reconoció que algunos inquilinos dejaron de abonar las mensualidades hace muchos años, en algunos casos hasta veinte. El descontrol de ese organismo público, antes regido por Rafael Blasco, Esteban González Pons, el malogrado José Ramón García Antón y Juan Cotino, ha sido absoluto. Por su impericia, la Generalitat ha dejado de ingresar 2 millones anuales. Bonig dio ayer fe de ello. La consellera se ha propuesto ahora arreglar el desaguisado, aunque ha elegido el peor momento: justo cuando más difícil resulta hacer frente a los pagos.
