El apetecible negocio de la seguridad local

21.11.2013 | 05:30

Julio Conesa

El Gobierno, siguiendo al dictado las instrucciones de la troika, sacó un anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que en un año ha tenido más de 15 versiones. Y no ha sido fruto de una negociación con los agentes sociales implicados, sino más bien estas versiones han ido variando en función de los intereses poco transparentes de diferentes lobbies. Algunas de estas presiones han conseguido incluso la aparición en la propuesta del Gobierno de artículos nuevos completos que modifican muy sustancialmente otras leyes, no sólo la de Régimen Local del 85 como por ejemplo el Estatuto Básico del Empleado Público.
En materia de seguridad local nos encontramos con algo sospechosamente tan grave como que el artículo 25 de la Ley 7/85 que tenía como competencia municipal en el apartado a) y b ) la seguridad en espacios públicos y la ordenación del tráfico, dos conceptos muy amplios que garantizaban la asunción de responsabilidades de todo tipo en estas materias, ahora desaparecen. Y esto cuando en paralelo se sabe que se van a reformar la Ley de seguridad privada, la Ley de Seguridad Vial y que se pretende abordar una ley estatal de Policía Local.
¿Ponemos la barbas a remojo después de ver lo que pasa con servicios sociales municipales, con educación, con tantas y tantas cosas? Pues parece que debemos hacerlo, ya que es de todos conocido que la seguridad en los espacios públicos es un importante bocado que quieren llevarse las empresas de seguridad privada y que el tráfico produce un importante volumen de ingresos económicos apetecibles para abrir negocio.
La competencia en materia de policía local continúa como competencia municipal en el apartado f) según el proyecto de ley. Ya hace años que algunos ayuntamientos, frente a la ausencia de financiación, claman por que les quiten los policías, por ser un colectivo que absorbe gran parte del presupuesto municipal y consideran que con vigilantes sería suficiente.
El riesgo, en una deriva centralista como la actual, es grande. Se cargan el principio básico de los servicios de proximidad a la ciudadanía y esto va en contra de los servicios públicos municipales, también el de seguridad. En Comisiones Obreras, desde una perspectiva socio-política, pero también profesional estamos llevando una campaña en todo el Estado para detener esta barbaridad.



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