El movimiento vecinal siempre ha tenido vocación municipalista. Esto es lógico puesto que nuestra actividad se ha desarrollado en el barrio o la localidad de forma preferente. En cierta forma somos causantes de que muchos ayuntamientos hayan asumido «competencias impropias» en relación a la legalidad vigente, esto es cierto. Pero, por otro lado, los ayuntamientos han sido en muchas ocasiones la vanguardia en cuanto a la atención de aspectos muy importantes para la ciudadanía sobre todo por presentarse cercanos a sus vecinos, especialmente en los pueblos medianos o pequeños. Los ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979 la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más vulnerables.
En ocasiones los servicios que han dado, tanto los propios como los impropios, han sido mancomunados y en muchas ocasiones con éxito. Casi siempre se han mostrado eficaces tapando con sus recursos las deficiencias de otras administraciones, en especial las diputaciones (auténtico cementerio de elefantes, de corruptelillas y de trato discriminatorio hacia los municipios) y las comunidades autónomas. No es que se repitan competencias, es que sólo las asumían los ayuntamientos por la presión de sus vecinos. Las diputaciones y las comunidades han incumplido radicalmente sus competencias especialmente en el ámbito de lo social.
Si a esto añadimos que los ayuntamientos representan una parte mínima del déficit del estado, a excepción de Madrid con una deuda disparatada (la deuda de la Administración local, incluidas las diputaciones provinciales, apenas alcanza el 4 % del Producto Interior Bruto, frente al 88 % del resto de administraciones públicas), ¿por qué dirigir la Reforma de la Ley de Régimen Local contra los ayuntamientos?
Y efectivamente, es contra los ayuntamientos: la desaparición de muchos de ellos, el fortalecimiento de las diputaciones (que deberían extinguirse) y de las comunidades autónomas (endeudadas hasta las cejas) reflejan una concepción centralizada en instituciones menos próximas a los ciudadanos que con la excusa del ahorro. Esto conlleva una pérdida clara de calidad democrática, un aumento de la burocracia y un alejamiento de los problemas reales de los ciudadanos.
Desde Cave-Cova no nos negamos a la racionalización y optimización de la administración pública pero justo en el sentido contrario de lo que se propone. Los ayuntamientos necesitan más recursos y más competencias financiadas, más cogestión social, más cooperativas de servicios€ la reforma va en el sentido contrario se propone reducir competencias municipales y debilitar la autonomía municipal, relegar a los ayuntamientos a una condición secundaria de meros gestores administrativos, perdiendo su capacidad de decisión política democrática, reforzar las diputaciones provinciales en detrimento de los ayuntamientos, transferir de manera efectiva a las comunidades autónomas todos los servicios sociales y de educación, en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes la diputación provincial coordinará los servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de las vías y por último fomentar la fusión de municipios sin tener en cuenta la voluntad real de los vecinos y vecinas de cada uno de ellos.
Y al final, si se implanta, qué pasa con la participación ciudadana, la democracia próxima, la capacidad de influencia vecinal€ Los ayuntamientos que han sido, con contradicciones es cierto, la avanzadilla de la participación quedan relegados a un segundo plano a meros gestores burocráticos sin capacidad real de mejorar calidad de vida de sus ciudadanos.
Se nos propone, en coherencia con otras reformas, un cambio regresivo en todos los sentidos del modelo social que tenemos hacia la desregulación y el desamparo de la ciudadanía. Quien afirme que se hace en nombre de la racionalización y optimización, simplemente miente.
