El 3 de diciembre celebraremos el Día de las personas con discapacidad, una fecha que está marcada en el calendario europeo e internacional, puesto que fue proclamada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al término del llamado Decenio para los Impedidos [sic], y que posteriormente también asumió como propia la Unión Europea. Es un día muy significativo, donde al margen de los actos conmemorativos oficiales que puedan realizarse, aquellos que nos dedicamos profesionalmente a la discapacidad y/o dependencia debemos concienciarnos de la necesidad de reivindicar los derechos de este sector, si cabe, todavía con más fuerza.

A pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y locales, creo que es momento de empezar a exigir que las distintas opciones políticas vayan clarificando sus programas en materia social, poniendo negro sobre blanco sus propuestas. Además, nada mejor que aprovechar estos días, donde todos se harán la correspondiente fotografía, para reclamárselo. Por ponerles algunos ejemplos, tendrán que dar respuesta a los cientos de dependientes y sus familias que todavía se encuentran inmersos en una maraña judicial, absolutamente injusta y provocada por los recortes, la falta de pago o las revisiones indebidas del grado de dependencia o su PIA. También deberán resolver el problema del copago a la discapacidad, así como establecer una adecuada e igualitaria financiación para todos los centros de atención. Y en esa misma línea, el futuro gobierno valenciano no podrá olvidarse de los auténticos dinamizadores del empleo social, como son los centros especiales, cuyas ayudas estaban congeladas desde el año 1985, pero ahora, con la excusa de la crisis se han suprimido ilegalmente subvenciones y reducido las mismas en más de un 75 %, conforme señalan algunas organizaciones representativas del sector.

Los derechos de las personas con discapacidad hunden sus raíces en el desarrollo teórico y doctrinal que ha tenido el principio de igualdad, el concepto de ciudadanía y los derechos humanos. Sin embargo, parece que todo ello se ha ido desdibujando ante los demoledores efectos que está ocasionando la crisis en todos los ciudadanos, prolongada extraordinariamente en el tiempo, y con mayor intensidad, en aquellos colectivos especialmente vulnerables. Además, en el caso de la Comunitat Valenciana, la falta de una adecuada financiación autonómica y la ineficaz gestión de lo público que hacen los gobernantes, ha retrotraído a la discapacidad a la época donde nadie hablaba de derechos, sino de beneficencia. Dicho esto, no pretendo plantear un escenario pesimista, puesto que es momento de mirar adelante y que las próximas elecciones se conviertan en una auténtica fiesta de la democracia, con planteamientos imaginativos y valientes para un colectivo que verdaderamente necesita la solidaridad de todos.