18 de septiembre de 2015
18.09.2015

La guerra del agua

18.09.2015 | 04:15

Una vez más parece haberse desencadenado la guerra del agua entre comunidades autónomas. El agua, dicen algunos prestigiosos politólogos, será en el próximo futuro la causa principal de guerras entre Estados. Nosotros somos de los que creemos en que el ingenio humano (en particular los científicos) será capaz de afrontar dicho reto de manera que en el futuro los seres humanos tengamos garantizada suficiente agua potable y de uso industrial y agrícola para nuestra subsistencia, de manera que los oscuros vaticinios a que antes nos referíamos no se cumplan. Pero no es a esa indeseada guerra futura a la que nos referimos ahora, sino a la que, con treguas de paz más cortas que largas, tiene por objeto el trasvase del agua de unas a otras cuencas hidrográficas españolas.

El presidente del Gobierno de Castilla La Mancha, al poco de alcanzar un acuerdo con Podemos para gobernar dicha comunidad autónoma, se ha expresado como si el agua de la cuenca del Tajo fuera de su propiedad, o de los ciudadanos de la comunidad que rige, expresándose con un lenguaje muy cercano al populismo que exhibiera con frecuencia alguno de sus predecesores. Algo parecido ha sucedido hace años con el agua del Ebro que parecería ser propiedad exclusiva de los aragoneses o catalanes, y algo menos de riojanos o cántabros. El proyecto fallido de trasvase de las aguas sobrantes del Ebro a la Comunitat Valenciana produjo ríos de tinta, que no de agua, y parece en la actualidad olvidado aunque es seguro que cualquier día volverá a resurgir cual Ave Fénix.

Lo cierto es que el agua no es ni de los ciudadanos ni de los gobiernos de las comunidades autónomas por las que pasan los ríos y afluentes de las cuencas hidrográficas. De la Constitución se deduce con claridad que el agua de los ríos españoles que transcurren por el territorio de varias comunidades autónomas es de los españoles en su conjunto y, en cuanto tal, es administrada por el Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.1.22 del texto constitucional. El intento de apropiación del agua de las cuencas hidrográficas por las Administraciones de los territorios por los que discurre se llevó a algunos de los estatutos de autonomía reformados en los últimos años y cuando dicha atribución estatutaria se recurrió ante el Tribunal Constitucional, éste declaró su inconstitucionalidad. Lo que no es incompatible con que el Estado comparta la gestión de las cuencas hidrográficas con las comunidades autónomas por las que trascurren nuestros grandes ríos.
Ha sido sabia la decisión del legislador español, de acuerdo con lo prescrito en la Constitución, de encargar al Estado la distribución del agua de las cuencas hidrográficas con criterios equitativos y de rentabilidad económica. El primero de dichos criterios legales es claro, la preferencia la tiene el abastecimiento de las poblaciones, de manera que el Estado no puede disponer del agua de cuenca alguna sin garantizar dicho abastecimiento. Pero si dicho abastecimiento está garantizado, el agua puede destinarse a usos agrícolas o industriales, ya sea en la misma cuenca o trasvasándola a otra.

El trasvase del río Tajo al río Segura, inaugurado en las postrimerías del régimen franquista, tiene una finalidad económica evidente: el litro de agua que se trasvasa del Tajo al Segura y es utilizado con fines agrícolas en la Comunitat Valenciana, en Murcia o en Almería tiene una rentabilidad de dos a tres veces superior a esa misma agua utilizada para regadío en Castilla La Mancha. La razón fundamental de la distinta rentabilidad del agua utilizada en Castilla La Mancha y la Comunitat Valenciana es climatológica, y de cultura agrícola.

Los políticos de Castilla La Mancha parecen olvidar con frecuencia las tradiciones agrícolas de su propia tierra, mayoritariamente un magnífica tierra de secano, apta para producir, entre otros productos, vinos de gran calidad que ya fueran alabados por Cervantes. Pero, salvo excepciones, las tierras de Castilla La Mancha no son tierras aptas para la agricultura de primor que de modo masivo se practica en la Comunitat Valenciana, en Murcia o en Almería, que requieren considerables cantidades de agua. Comunidades que exportan frutas y verduras al resto de España y de la Unión Europea y más allá. Por mucha agua que se dedicara a la agricultura en Castilla La Mancha, por razones de índole climatológica dicha región no podría convertirse en una potencia agrícola. De manera que el Gobierno de la nación hace bien en procurar agua a la Comunitat Valenciana y a Murcia porque es positivo para la economía nacional.

Aunque, como ya preveía la Ley del trasvase del Tajo al Segura, deben hacerse inversiones en infraestructuras agrícolas en Castilla La Mancha. En la actualidad, además, debe tenerse en cuenta el giro que ha dado la Política Agrícola Común (PAC) que sitúa como criterio principal, en lo que a las ayudas europeas se refiere, el apoyo al medio rural, abandonando el criterio de la producción que a tantas distorsiones ha conducido en el pasado. El apoyo de las Administraciones públicas al medio rural, en sintonía con la nueva política agrícola de la Unión Europea, es de enorme importancia para la economía europea y para la protección del medio ambiente.

El agua suscita grandes pasiones entre los ciudadanos, por lo que cualquier política de trasvases de agua entre cuencas hidrográficas difícilmente obtendrá la unanimidad de los ciudadanos que viven en las mismas. Pero las dificultades serán mayores sin una política hidrográfica nacional que sea equitativa, que sea comprensible para los ciudadanos y que tenga en cuenta las consecuencias de cualquier medida que se adopte en el medio ambiente.

Resulta evidente que el agua a corto y medio plazo va a ser un bien escaso y por ello es imprescindible que las Administraciones públicas inviertan mucho más de lo que lo hacen en la actualidad en la incorporación de las nuevas tecnologías a la agricultura que permitan ahorro del agua y mayor productividad. En el caso valenciano, la existencia de un prestigioso instituto de investigación en materia agrícola es una ventaja que debe potenciarse por la Generalitat y por el Estado.

En los últimos años, el Estado ha invertido cantidades muy considerables en desaladoras cuya construcción o no ha culminado o no se han puesto en funcionamiento o cuyo funcionamiento es deficiente. Este es un asunto que exige una rendición de cuentas. Si ha habido despilfarro de dinero público, imprevisión o falta de cálculo, las circunstancias que han concurrido deben ser conocidas y, en su caso, deben exigirse responsabilidades. Y sea cual sea la opinión que nos merezca la «política de construcción de desaladoras» no debiera repetirse la adopción de proyectos que no tengan un gran respaldo científico y técnico.

Entre tanto, el trasvase del Tajo al Segura sigue siendo necesario para la agricultura valenciana y en esa medida la Generalitat debe exigir el cumplimiento de la ley haciendo caso omiso de los alardes populistas de los responsables de Castilla La Mancha, cuyas posiciones no se pueden compartir y tampoco se pueden respetar, pues no merecen respeto las que se quieren situar por encima de la ley.

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