Cien días de gobierno no es, por supuesto, una historia lo suficientemente larga como para juzgar a ningún Ejecutivo, pero sí un tiempo razonable para tomarle el pulso y verificar el grado de compromiso con las promesas electorales y analizar las direcciones a las que apunta su actividad. Se me ocurren varios cuantificadores que podrían emplearse para evaluar a los recientes gobiernos locales y autonómicos salidos de las últimas elecciones y así, podríamos considerar: 1) El número de altos cargos y asesores nombrados y comparar ese valor con los que mantuviera el Ejecutivo anterior; 2) Las decisiones tomadas para aumentar los ingresos de la administración y hacer frente a los servicios ciudadanos; 3) Las acciones tomadas para reducir el gasto corriente de su gobierno, cuantificando el importe de las mismas tanto en términos absolutos como relativos; 4) Las previsiones de nuevos servicios y gastos comprometidos, teniendo en cuenta su importe y los colectivos a los que se dirigen; 5) El talante y accesibilidad de los gestores para atender a los ciudadanos.

El último criterio es un tanto intangible pero actúa en positivo para afirmar el soporte de la ciudadanía a los partidos que votara y puede ser un factor de estabilidad. He excluído, sin embargo, el repertorio de declaraciones y buenas intenciones, de peticiones a instancias superiores, de críticas a la gestión precedente e, incluso, el número de ceses y traslados de funcionarios. Los primeros ítems, debido a su escaso valor como acción de gobierno, ya que remiten a populismo o incapacidad, aunque no dudo de su efectividad propagandística. Y el último por la difusa línea que separa en ocasiones los nombramientos de cargos de confianza de la promoción torticera de los correligionarios; aunque quisiera dejar constancia que en un país civilizado en el que la función pública fuera eso, y nada más, los funcionarios deberíamos estar al servicio de las instituciones y no de sus gestores puntuales y harían bien estos últimos en primar criterios de mérito frente a otros de afinidad política o amistad para depositar su confianza en ellos.

Puesto que el lector se enfrenta a un artículo de opinión y no a un dossier de investigación, dejo aquí, para quien corresponda, la evaluación de los cinco parámetros sugeridos, tanto en lo tocante a cada ayuntamiento y comunidad autónoma como al desglose por concejalías y consellerías, aunque les confieso que en el ámbito valenciano se me antoja que tan solo puntúan los nuevos gestores en el quinto apartado y que el desglose pondría al descubierto más de una vergüenza de quienes criticaran el nepotismo anterior así como la futilidad de alguna estructura de nuevo cuño. A mí en particular, me encantaría que aquellos a quienes voté me dieran las cifras de su balance provisional o que unos medios de comunicación independientes rastrearan esos datos para facilitarlos a los electores.