Las próximas elecciones aun pueden tener importancia histórica, si se expresan en las urnas las aspiraciones de cambio mostradas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Muchos trabajadores y trabajadoras, ciudadanos, jóvenes, mujeres quieren que se articulen mayorías de izquierda para acabar con el gobierno del PP y con las políticas neoliberales. Unos se han dirigido a las organizaciones existentes mientras que otros buscaron condiciones para candidaturas de unidad popular. Por eso, se ha producido bastante debate sobre si estas candidaturas debían realizarse a partir de la unión de diversos partidos o con procesos participativos desde abajo. Pero ahora, lo esencial es saber si las diversas candidaturas que finalmente se han presentado defienden reformar o, al contrario, proponen una alternativa a este régimen de monarquía parlamentaria que llevamos casi 40 años padeciendo.
Un manifiesto de cargos públicos difundido estos días plantea unas preguntas sin duda clarificadoras: ¿pueden defenderse los derechos fundamentales y las libertades en el marco de la Constitución de 1978, con el Tribunal Constitucional como cancerbero? ¿Puede lograrse una verdadera autonomía municipal y servicios públicos suficientes en este ordenamiento? ¿Puede defenderse el derecho a la vivienda, cuando hasta el moderado decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía fue anulado en nombre del derecho de los bancos a cobrar las deudas? ¿Pueden garantizarse los derechos laborales, cuando la contrarreforma laboral fue ratificada por el Tribunal Constitucional? ¿Pueden garantizarse los derechos de los pueblos, cuando cierran todas las puertas al derecho a decidir, incluso a un referéndum vinculante? La verdad es que no se puede, digan lo que digan ciertas opciones reformistas: la experiencia de bastantes años también lo indica.
Ante el espectáculo ya iniciado de marcas, candidaturas y promesas electorales que en muy poco tiempo llegará hasta el paroxismo frente a una opinión pública que mayoritariamente desconfía porque sabe que le engañan, conviene no engañarse. Porque, antes que personas y siglas, lo que se vota el 20 de diciembre es si seguimos avanzando hacia la barbarie social e institucional actuales o ya toca iniciar un giro copernicano. Si defendemos la continuidad de las actuales instituciones públicas con ligeros cambios cosméticos y reformas, o bien apoyamos aquellas opciones que defienden priorizar las condiciones de vida de los trabajadores, derogar las reformas laborales, garantizar los derechos de los pueblos, la soberanía frente a la Unión Europea e instituciones supranacionales y dejamos de ser un apéndice de la OTAN. Todo eso sólo puede conseguirse apoyando a las organizaciones y candidaturas que se reclaman de los trabajadores y la democracia, que defienden la República en sus programas y que no persiguen repartirse sillones en las instituciones actuales sino traer una democracia real a nuestras vidas.
