Faltaba Kabul. El atentado a la Embajada de España en Afganistán, con resultado mortal, abre un nuevo flanco de consecuencias electorales. El 20-D marca un antes y un después para muchas decisiones. Las elecciones generales afectan a la gobernanza del Estado español y tienen un sesgo más ideológico que territorial. Se decidirá el conjunto de fuerzas que legislará a partir de los Reyes Magos. Volvemos a la disyuntiva entre izquierda y derecha, para controlar el disputado centro político. La Comunitat Valenciana aportará sus 32 diputados (15 por Valencia, 12 de Alicante y 5 en Castellón), distribuidos entre PP, PSOE, Compromís , Ciudadanos y la eventual participación de Esquerra Unida. Este abanico de opciones con oportunidad de ejercer poder en Madrid y desde Madrid, tendrá que demostrar su eficacia en el ámbito autonómico.
Las combinaciones posibles son importantes para los valencianos. Si el Partido Popular de Rajoy sigue siendo el más votado y forma gobierno, con el apoyo de Ciudadanos o PSOE, el equilibrio de fuerzas entre poder central del Estado y la Generalitat Valenciana, seguiría en la línea tensa de estira y afloja. Pudiera ser que en el tramo final de la campaña, Ciudadanos le restara escaños al PP y Albert Rivera forzara su investidura a la presidencia del Gobierno o imponer a Soraya Sáenz de Santamaría como partenaire necesario para formalizar un gobierno bipartito de derechas pero rejuvenecido. Si les hiciera falta podrían contar con el apoyo del resto de UPyd, Unió Democràtica de Catalunya y algún otro partido autonomista de Aragón o Canarias. En esta opción estarían vinculados los diputados valencianos electos por el PP (10-12) y aquellos que militan en Ciudadanos (6-7). En total entre 16 y 19 parlamentarios con capacidad de legislar, pero con obediencia a sus centrales de Madrid o Barcelona.
La segunda hipótesis, más remota, es que PP y Ciudadanos juntos no logren la mayoría y que tuviera que establecerse un coalición de centro-izquierda con los diputados de Podemos, PSOE, Izquierda Unida, Democràcia i Llibertat, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya u otras formaciones. Supondría un vuelco en la gobernabilidad del Estado, compleja en su composición y en su viabilidad, pero dispuesta a resolver la regeneración ética para liquidar la corrupción. Se trataría de sanear las administraciones públicas, una vez depurados los altos cargos y estamentos del Estado que todavía las rigen y controlan. En este supuesto la participación valenciana se nutriría de los electos por PSOE (6-7), Compromís-Podemos (6-7) y la eventualidad de que IU obtuviera un escaño. Un cómputo global de entre 13 y 15 diputados. De los cuales únicamente los elegidos por Compromís-Podemos tienen virtual obediencia valenciana, para defender, desde su deseado grupo parlamentario, los intereses autonómicos.
Si no se consigue conformar una mayoría estable de gobierno, se originaría angustia en los poderes fácticos por la inestabilidad política, económica o jurídica. Afectaría a la concepción actual del Estadol ante los contenciosos territoriales, el abierto y candente de Catalunya y los latentes en País Vasco (con sus ventajas fiscales), en Navarra (por el concierto económico) --ambos cuestionados abiertamente por Ciudadanos--, en Canarias, Galicia, Comunitat Valenciana o Illes Balears. Todo ello aderezado con la inminente y anunciada reforma constitucional que en la última etapa del gobierno Rajoy, ha sido aceptada por mandatarios del Partido Popular, admitida por su presidente y exigida por la oposición.
En el caso valenciano, aparece la ineludible necesidad de resolver el problema de la deuda (116% del PIB y más de 41.000 millones de euros) --que sumada al 110 % de Catalunya, el 106% de Baleares y el 104% de Murcia sitúa al Arco Mediterráneo en el área de castigo sin corredor ferroviario-- que se arrastra por Generalitat y ayuntamientos, con el pacto social necesario. Y que estos sirvieran para que la autonomía valenciana sea capaz de financiarse con fluidez mediante un funcionamiento justo y digno. El pueblo valenciano, consciente de su situación y de las razones de ineficiencia y degeneración política en las que se encuentra, exige justicia y la reparación de los agravios que sufre por parte de quienes han gobernado España entre 1978 y 2015: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular. Más que la reactivación del nuevo Plan Marshall, propuesto por Rajoy en los debates de para resolver el drama de los inmigrantes en Europa, urge cercenar la corrupción, de sus protagonistas y de sus beneficiarios. Y además, impartir justicia, territorial y de la otra.
