Es la propia concepción castellana de España la que no resuelve el problema de las nacionalidades que conforman el Estado. Sólo falta fijarse en la historia para comprender las diferencias que históricamente se arrastran. Así, Fernando III, conquistador para Castilla de los reinos musulmanes de Andalucía y Extremadura, mientras su contemporáneo, Jaume I, hace lo propio para Aragón de los de Valencia y Mallorca, con diferencias notables en la conquista y reparto de las tierras entre sus Reinos.
Se construye de esta forma, desde el fondo de los siglos, una concepción distinta para la futura unidad de España, que se acrecienta, tras el enlace de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por las consecuencias geopolíticas derivadas de la conquista de América, se incrementa por la concepción imperial de su nieto Carlos I, y, siglos más tarde, se culmina con la guerra de sucesión al trono, entre Austrias y Borbones, que vino a suponer de facto la desaparición de la corona de Aragón, con la victoria de Felipe V y la supresión uniformadora de los Fueros.
Hoy nos encontramos con el problema apremiante de dar salida a la situación creada tras el resultado de las recientes elecciones en Catalunya y en España. Pero el problema no es nuevo, viene desde el inicio y continúa siendo el mismo al que ya se refería el presidente Azaña, hace 105 años, en la conferencia impartida con este título, El problema español, en la Casa del Pueblo de su localidad natal, Alcalá de Henares, el 4 de febrero de 1911, y la solución no es otra «que los españoles estén a gusto dentro de su Estado».
Pues lo que se mantiene igual desde entonces es la concepción castellana del Estado, mientras que lo que ayudaría a solucionar el problema es precisamente el reconocimiento de la diversidad. Y ahí comienza la cuestión. Porque cuando uno no conoce, y no reconoce a los demás, es cuando el problema se agrava. Así, Castilla - y quienes comparten su concepción uniformadora - como ya advertía Antonio Machado, «ayer dominadora, desprecia cuanto ignora». Y sólo mediante el reconocimiento de la diferencia ajena, es como se alcanza la solución del problema, entendiendo la libre voluntad de permanecer unidos como el factor esencial de la convivencia.
Otra España es posible si la comprensión alcanza a aquellos que tienen una concepción uniforme del Estado y entienden, que deben adaptar sus estructuras jurídicas, empezando por las constitucionales, a la diversidad real de los diferentes pueblos de España, y que ello debe hacerse de una manera armónica, para lo cual hace falta buena dosis de responsabilidad y pedagogía, lo que en las actuales circunstancias pasa por escuchar la voz de los catalanes mediante el acuerdo arbitrado en las Cortes Generales que posibilite la consulta en los términos que por las partes sean acordados.
