21 de abril de 2016
21.04.2016
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La Agencia Anticorrupción: ¿lejos o cerca?

21.04.2016 | 04:15

El portavoz del PSPV en las Corts, Manuel Mata, debería medir y someter a análisis sus recientes declaraciones acerca de la sobrecarga legislativa a la que el grupo parlamentario de Podemos está sometiendo a la cámara, así como su crítica a la falta de calidad de las proposiciones de ley. Venir a decir que un grupo proporciona una mayor carga de trabajo incluso podría interpretarse como un guiño positivo; acusar de falta de savoir faire es un descalificativo en toda regla, respetable si las afirmaciones no entrasen en contradicción con los hechos.
Y es que la propuesta del PSPV defendida por el diputado José Muñoz (brillante parlamentario y relevo natural del liderazgo del PSPV, al tiempo...) encaminada a dar protección a los funcionarios que denuncien la corrupción refleja la idoneidad de algunas de las proposiciones que Podemos formula. La propuesta de los socialistas no deja de dar la razón una parte fundamental del espíritu de la Agencia Anticorrupción que Antonio Montiel viene defendiendo desde la aprobación del Pacte del Botànic. Es más, esta propuesta para la protección de los llamados coloquialmente «chivatos anticorrupción» podría ser interpretada como un apéndice de la proposición de dicha agencia que solicita Podemos. Lejos de verter una acusación de vampirización del trabajo de Podemos para sacar adelante proposiciones que recogen el espíritu de parte de las de otros grupos, debemos considerar dentro de la lógica política un hecho positivo que apunta a que la creación de la Agencia Antifraude o Anticorrupción puede y debe llegar a buen puerto.

Se han generado mucho ruido y especulaciones acerca de la legalidad, idoneidad o pertinencia de que las instituciones se doten de una herramienta del calado de esta agencia. En todo caso, debería achacarse más a la ignorancia o falta de costumbre a convivir con herramientas tal como ésta, ya que no hace falta ser un experto del ámbito internacional para conocer sobradamente que otras agencias semejantes operan y han operado en otros países (especialmente en algunos donde la corrupción se había convertido en uno de los principales problemas) y que incluso la Unión Europea cuenta con una agencia de la misma inspiración para dar salida a los problemas de corrupción.

Países como Ecuador con su extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción, adscrita a la Asamblea Nacional, que permitió perseguir y sancionar casos de corrupción política mayúsculos, o sin ir más lejos, la existente en Bélgica, entre las tantas existentes y a las que hace un seguimiento periódico organismos internacionales del calibre de las Naciones Unidas. Sus atribuciones, orientadas más o menos a la prevención, o más o menos a la investigación, ya son cuestiones que no dejan de ofrecernos la oportunidad de poder beber de múltiples fuentes para lograr la mejor de las agencias.

La Comunitat Valenciana sufre la lacra de la corrupción con especial dureza: Taula, Nóos o Gürtel ya son nombres que forman parte del ecosistema político que nos ha tocado vivir. Es por ello que urge dejarse de juegos malabares acerca de la letra pequeña de la futura Agencia Valenciana y perder el miedo hacia su existencia ya que lo que los ciudadanos repudian y temen es a la corrupción en sí misma. Y en eso creo que nuestros políticos y, especialmente los gobiernos del cambio, no nos pueden fallar.

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