Se vende bienestar de un pueblo a cambio de votos para un partido político. No es un anuncio de milanuncios.org. No se ha escuchado en ningún mercado. Esta ´gran oferta´ ha sido pronunciada por la presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, la señora Isabel Bonig, que pide votos para la investidura de Rajoy a cambio de una mejor financiación autonómica, nada más y nada menos. La corrupción y la infrafinanciación han comportado que los valencianos tengamos una deuda de 42.000 millones de euros, lo que supone que cada cual de nosotros deba más de 8.000. El Partido Popular pone nuevamente los intereses de partido por delante de los intereses de la ciudadanía, y ha quedado claro que para la señora Bonig la educación, la dependencia o la sanidad del pueblo valenciano no son más que una moneda de cambio.
¿Y que conseguiríamos aceptando ese chantaje? ¿Un gobierno estatal que tenga en cuenta las necesidades de las familias valencianas, las empresas, los autónomos, las trabajadoras o nuestros jóvenes y mayores? No. ¿Un gobierno estatal que iguale las inversiones de nuestra comunidad a la media española? No. ¿Un gobierno con voluntad de resolver la injusticia de la financiación valenciana y garantizar nuestro autogobierno? No. Con esos votos de diputados y diputadas de la Comunitat Valenciana que pide la presidenta del Partido Popular, lo que obtendríamos sería un gobierno del mismo partido que la señora Bonig. Esto es todo, poca cosa para los valencianos. Pero tampoco es extraño, poner las instituciones y los recursos de todos al servicio de unos pocos y de su partido ya es una triste tradición en el Partido Popular.
El gobierno de Rajoy ha incumplido sistemáticamente sus promesas electorales y todos sus compromisos con la ciudadanía y ha demostrado su deslealtad con los y las valencians, bloqueando durante años la aprobación en el Congreso de una reforma del Estatuto de Autonomía que contempla más inversiones para nuestra comunidad. Rajoy no ha movido un solo dedo para mejorar nuestra financiación durante sus años de gobierno, a pesar de que la financiación autonómica se tendría que haber revisado en el 2014. La financiación justa es un derecho del pueblo valenciano y la única garantía de unos servicios públicos de calidad. Un nuevo gobierno de Rajoy no va a solucionar nuestros problemas, más bien al contrario, continuará impidiendo que recuperemos los servicios públicos y que nos igualemos con el resto de comunidades. Tal vez la señora Bonig está pensando que esto puede facilitar su tarea de oposición y por eso busca votos para su investidura.
Junto con la oferta, pregunta Isabel Bonig si al gobierno valenciano le importan los y las valencianas. Es una buena pregunta. Pero estaría bien que la responda ella. ¿Le importan los valencianos y valencianas a Isabel Bonig? ¿Quieren Isabel Bonig y el Partido Popular solucionar nuestros problemas? Es evidente que no. Si les importaran, habrían aprovechado un gobierno afín en el Estado para reclamar, desde el gobierno de la Generalitat, una financiación justa. Si les importaran, habrían reivindicado con contundencia al gobierno de Rajoy unas inversiones que continúan situándose por debajo de la media (en los presupuestos para 2016, la media española está en 237,18 euros por habitante mientras los valencianos recibimos 176,75) y que sabemos que son fundamentales para el crecimiento económico de nuestra comunidad. Si a Isabel Bonig le importaran, en vez de mercadear con nuestras necesidades y nuestro bienestar, denunciaría el chantaje al que el ministro Montoro somete al actual gobierno de la Generalitat. No, a la señora Bonig no le importan los valencianos y valencianas, le importa sobre todo su partido y por eso pone en venta el bienestar de nuestro pueblo a cambio de votos para la investidura de Rajoy.
