Nos gobierna un bi(tri)partito que, entre otras cuestiones, hizo del respeto a la ley una de sus banderas frente a las trapacerías (supuestas y reales) cometidas por el PP durante su prolongado ejercicio del poder. Uno de los fundamentos de ese respeto a la ley es la seguridad jurídica de sus actos frene a los administrados. Pero aunque finalmente puedan no violar directamente las normas „a expensas de lo que puedan decidir en su momento los tribunales„ hay actuaciones que como mínimo transmiten una imagen de arbitrariedad y nepotismo que enturbian esa apariencia de legalidad. Y hay ahora mismo tres asuntos sobre la mesa que a simple vista pueden colisionar con ese espíritu de seguridad jurídica.
Tan lejos como el jueves, la patronal valenciana se vio en la necesidad de hacer un llamamamiento en ese sentido para no perjudicar posibles inversiones, a cuenta del veto final impuesto a Puerto Mediterráneo. Una decisión de marcado cariz político adoptada en base a un informe medioambiental con contenidos cuanto menos polémicos, tal como ha venido detallando este diario a lo largo de las últimas semanas. Y que obvia las decenas de informes favorables „alguno de los cuales incluso desmiente argumentos del finalmente esgrimido„ a dicho proyecto.
Mientras, el Consell se propone ignorar partir de ahora los preceptivos informes del Consell Jurídic Consultiu para la concesión de subvenciones públicas. Un control menos que favorece la discrecionalidad y, además, un ataque a una de las instituciones autonómicas fundamentales recogidas en nuestro Estatut. Una falta de respeto, no solo a ese control legal, sino al espíritu de autogobierno „precisamene coincidiendo con la celebración del 9 d´Octubre„ pese al autoproclamado espíritu autonomista/nacionalista de quienes ahora nos gobiernan.
Y para terminar, el Ayuntamiento de Valencia ha terminado por meter de rondón en su plantilla a 800 interinos sin pasar las pruebas de acceso a la función pública que supuestamente garantizan la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Mientras la Generalitat ha dado marcha atrás en una iniciativa similar, el gobierno municipal del cap i casal ha decidido ponerse el mundo por montera.
Son solo tres ejemplos, coincidentes en el tiempo, que dan que pensar sobre el ejercicio del poder por parte de quienes se presentaron como regeneradores de la vida pública.
