La corrupción es un delito muy grave capaz de frenar al desarrollo económico y social de cualquier sociedad. Desde el punto de vista internacional, su nivel alcanza, según Naciones Unidas, unas magnitudes que suponen más del 5 % del PIB mundial, afectando a todos ámbitos de la actividad humana. Todo ello ha generado una honda preocupación entre los estudiosos del tema, principalmente de las disciplinas de la economía y la política que, en la actualidad, consideran la corrupción como una lacra que atenta contra el buen funcionamiento de las instituciones de todo el mundo. Naciones Unidas en la Asamblea General celebrada el 31 de diciembre de 2003, acordó una serie de medidas contra ella, declarando el 9 de diciembre como Día internacional contra la corrupción. En dicha asamblea se llegó a afirmar que «la corrupción es un fenómeno social complejo que afecta a todos los países, mina las instituciones democráticas y contribuye a la inestabilidad de los gobiernos, a la vez que frena el desarrollo». Todo un aviso a tener presente como problemática número uno de los países en desarrollo.

En nuestro país, la corrupción ha impregnado durante los últimos años muchos de los ámbitos de la escena política, económica y financiera, alcanzando cifras nunca vistas con anterioridad, siendo percibida por la ciudadanía como una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 50 % de la población considera que, junto con el fraude, la corrupción constituye uno de los problemas más importantes que existen hoy en nuestro país, después del desempleo. Sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que hasta principios de la presente década, esta lacra que abarca lo social, lo político y lo económico, era vista como un problema sólo por el 1 % de los ciudadanos. En cuanto al sector público, la participación de empresas y personas que poseen una posición económica privilegiada, así como políticos y funcionarios de rango superior, han generado situaciones de contraprestación recíproca de carácter irregular, detectándose comportamientos sangrantes vinculados con sectores significativos. A raíz de estos hechos, diversos organismos y partidos políticos han sacado a la luz una serie de propuestas y medidas concretas que van desde la esfera de la prevención a la de la represión.

La Fundación por la Justicia detectó ya con antelación la necesidad de reflexionar y actuar sobre el problema de la corrupción. Esta organización, creada en 1994, de carácter independiente y que promociona y defiende los derechos humanos en todo el mundo, decidió en reunión de su Patronato en el mes de noviembre de 2014, impulsar una iniciativa capaz de reducir las actividades y conductas corruptas, elaborando un manifiesto denominado Compromiso público frente a la corrupción. A partir de este informe se confeccionó un documento denominado Pacto estatal contra la corrupción y por la regeneración cívica, que contenía 150 medidas agrupadas en 17 bloques temáticos, que recogía, a su vez, el compromiso de siete partidos políticos con representación parlamentaria estatal, así como más de ochenta entidades y numerosos particulares de la sociedad civil para luchar contra la corrupción en nuestro país.

La materialización de estas ideas pretende ver la luz en el Observatorio del Pacto Estatal frente a la Corrupción(OPEC) como forma de velar por el cumplimiento de las propuestas contenidas en el documento del mismo nombre. El OPEC tiene como objetivos, por un lado, mantener informada a la ciudadanía de la evolución del grado de ejecución de las propuestas contenidas en el mencionado pacto a través del seguimiento de los indicadores de cumplimiento correspondientes y, por otro, promover e impulsar nuevas medidas en aras de una mayor transparencia en todos los ámbitos. La presentación del OPEC tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre durante el transcurso de las jornadas Ética y transparencia: ¿adiós a la corrupción?, organizadas por el Servei de Transparència i Govern Obert del Ayuntamiento de Valencia.

La transparencia administrativa es uno de los principios de buena gobernanza para combatir esta lacra. Los organismos internacionales, al igual que los expertos en su erradicación defienden que cuanto mayor sea el nivel de transparencia en las Administraciones públicas, menores serán los niveles de corrupción de un país. Es decir, cuanto mejor conozcan los ciudadanos el funcionamiento de los organismos encargados de gestionar lo público, mayor será su confianza en las instituciones públicas y menor la posibilidad de corruptelas. Kaushik Basu, economista jefe del Banco Mundial, experto en análisis económico del Derecho (disciplina conocida como Law and Economics) afirmaba recientemente que «las leyes sólo cambian la conducta de los agentes cuando modifican las creencias de los individuos acerca de cómo se van a comportar los demás miembros de la sociedad, incluidos los encargados de aplicarlas». Es evidente que para acabar o reducir actividades y conductas corruptas, es necesaria la voluntad política para llevarlo a cabo, pero también es importante para dicha tarea, contar con un observatorio promovido por la sociedad civil en el que se vean comprometidas diversas agrupaciones, cooperativas, mutualidades, asociaciones, etcétera, así como personas a título particular.

Hoy, más que nunca, Día internacional contra la corrupción, desde Fundación por la Justicia ponemos nuestro grano de arena en este empeño al destacar que herramientas como el OPEC pueden sentar las bases para un mayor control, seguimiento y exigencia de responsabilidades en los ámbitos de lo público y lo privado al objeto de erradicarla o al menos para que deje de ser considerada por los ciudadanos como uno de los principales problemas de la sociedad española.