El miércoles pasado, 7 de diciembre, se cumplió el setenta y cinco aniversario del ataque de la fuerza aérea del Imperio de Japón a la base naval de la US Navy en Pearl Harbor, en la que permanecía atracado el grueso de la flota norteamericana del Pacífico. Sin declaración de guerra previa, la sorpresa fue absoluta y la destrucción causada de dimensiones gigantescas. Ese mismo día, Estados Unidos entró en contienda. Seis meses más tarde, el almirante Chester Nimitz se tomó la primera revancha: dejó fuera de combate a la potente agrupación de Isoroku Yamamoto, durante la batalla de Midway, en aguas cercanas al extremo noroccidental del archipiélago de las islas Hawái. El eje Alemania-Japón-Italia comenzaba la cuenta atrás. Justo dos años después, republicanos españoles enrolados en la División Leclerc, encuadrada en el Tercer Ejército del US Army, bajo el mando del general George Patton, liberaban París, comandados por el teniente valenciano Amado Granell. De vez en cuando conviene recordar ciertas efemérides.
Refrescar la memoria sobre el ignominioso acto nipón me trae a colación el recuerdo de un inusitado comentario pronunciado por un empresario valenciano, en petit comité, cuando, tras el Pacte del Botánic, el president Ximo Puig anunció la composición del Gobierno de la Generalitat, cediendo la nueva Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a sus socios de Compromís, y nombrando secretario autonómico al periodista y portavoz de Els Verds-Equo, Julià Álvaro: «Esto es el Pearl Harbor valenciano», aseguró el citado hombre de negocios. Entonces, cierta parte del sector económico privado mostró gran inquietud por el hecho de que significados militantes ecologistas llevaran las riendas de la política medioambiental de la Comunitat. Año y medio después, ni ha habido ataque con bombas incendiarias, ni el sistema de trabajo de las empresas ha sufrido quiebra alguna con peligro serio de erosionar sensiblemente sus más legítimos intereses. Debo confesar que yo mismo era escéptico.
Antes y después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015 tuve ocasión de mantener alguna conversación con el diputado autonómico de Compromís y miembro de Els Verds-Equo Juan Ponce, así como con el asesor de la misma formación Nacho Serra. Siempre me atendieron con cordialidad, pero en aquellos momentos, sobre todo en el inicio de la legislatura, evidenciaban ciertas reservas al mostrar una actitud que, si bien, no era de prevención, tal vez, en la misma, podía intuirse cierta desconfianza. Sobre todo cuando surgían las siglas de empresas íntimamente relacionadas con el medio ambiente. Eran momentos de grandes cambios, incluso de incertidumbres para el conjunto de los actores del tablero político y empresarial de la Comunitat, también para los profesionales del periodismo. Jalonado un trecho de la presente legislatura, las actitudes de unos y otros evidencian un estimable cambio en positivo, optando por el camino de la colaboración. Y es que no queda otra.
No voy a obviar la expectación que supuso el nombramiento de Álvaro como máximo responsable de la parcela autonómica de medio ambiente. Colega periodista, curtido en los frentes de guerra y en la no menos convulsa Radio Televisión Valenciana, llegó precedido por una fama de talibán de la ecología, sin que realmente nadie tuviera prueba fehaciente. Así llegan a crearse mitos y libelos en la sociedad de cuadrícula que nos atenaza. Con él desembarcó en la conselleria Carles Arnal, catedrático de instituto, que al cesar como diputado autonómico (2003/2007) rechazó el finiquito de 23.000 euros que legalmente le correspondía. Arnal, coherente con sus ideas, también dialogante y abierto, hizo un eficaz trabajo asesorando a Álvaro, pero decidió regresar a las aulas. El secretario autonómico, en cuanto tiene ocasión, rememora su labor. Ahora, su gran puntal es el director general de Cambio Climático, Joan Piquer, un técnico muy abien formado en el sector del medio ambiente que tiene en la cabeza, milimetrada, la política de actuación medioambiental, en el conjunto del territorio valenciano. El rigor de Piquer a la hora de aplicar la legislación y hacer valer el nuevo rumbo de la política emanada del pacto de gobierno PSPV-Compromís-Podemos, no se ve empañado por una posible ausencia de diálogo y a medida que avanza la legislatura evidencia una más que plausible actitud de consensuar las actuaciones, con altura de miras.
No es un camino de rosas el elegido por la conselleria que dirige Elena Cebrián, ingeniera agrónoma en excedencia del Ministerio de Agricultura. El cúmulo de intereses en el ámbito del medio ambiente es colosal, las filosofías son diversas y encontradas. Además, la legislatura avanza y muchos de los nuevos proyectos de actuación necesitan de unos tiempos para los que cuatro años resultan insuficientes. Uno de los escollos destacados de la política medioambiental del equipo de gobierno de Compromís es el sistema de retorno de envases (SDDR) que desea implantar en 2018. La patronal del sector, Ecoembes, se opone a la iniciativa y la Administración central ha avisado a la Generalitat de que no tiene competencias legales al respecto. Empero, Cebrián, Álvaro y Piquer están decididos a que el SDDR sea una realidad en la Comunitat. En avanzados países europeos el sistema de retorno funciona. El éxito es notable en Bélgica (97 %), Alemania (96,8 %), Noruega y Finlandia (más del 90%) y Suecia (80 %).
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dicho que «el sistema de retorno representa una oportunidad de presente y futuro, para mejorar la limpieza de nuestras calles y entorno». Para ello, apuesta por «el diálogo y la negociación», observando que «todos los cambios dan miedo, eso es normal desde el punto de vista humano, por ello es fundamental el consenso». Observé en la lideresa de Compromís un tono ciertamente conciliador, ante el numeroso auditorio de la jornada Tornar el casc 2.0 celebrada la semana pasada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en Valencia. Las palabras diálogo y negociación fueron protagonistas en la intervención de Oltra, sin renunciar a los principios que alumbran la forma de hacer política que abandera Compromís, afirmando que «ahora podemos seguir el ejemplo de sostenibilidad y ser pioneros en algo que nos haga sentir orgullosos». Desde luego, si todo el proceso se basa, realmente, en el diálogo y la negociación, nadie estará legitimado para hablar de la existencia de un Pearl Harbor valenciano.
