Hispania, nombre romano de la península ibérica, ya provincia, significa tierra de abundantes conejos. El debate constitucional y el envite secesionista catalán van a concentrar la acción política. La imagen de disidencia que se proyectó el 6 de diciembre por partidarios a macha martillo de la Constitución de 1978 y discrepantes del texto constitucional que consideran caduco, es prueba de fuerza para el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. A partir del 20D, cuando el PP perdió la mayoría absoluta y se dio por liquidado el bipartidismo, la provisionalidad y el enrocamiento se instalan. La victoria de José María Aznar en 1996 significó la recuperación del poder por parte de la derecha desde el ocaso franquista. Ahora el poder se ha recompuesto interinamente en coalición, cediendo y abocado a pactar reformas constitucionales.
La Comunitat Valenciana en el 28 aniversario de la Constitución ha escenificado un espectáculo original con dos celebraciones en paralelo. Una en Valencia convocada por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, en el convento de Santo Domingo de Capitanía General -¿no había un sitio más aséptico y que no comprometiera al estamento militar?- La lectura selectiva de los capítulos del compendio constitucional se la podrían haber ahorrado por pueril, inoportuna y por exceso promocional de una carta susceptible de cambio. La pretensión de que la utilizada «sociedad civil» se encontraba reunida en el recinto castrense de la plaza de Tetuán, ya era un contrasentido, incrementado con el apoyo participativo de la curia eclesiástica, presidida por el cardenal Antonio Cañizares. El arzobispo de Valencia, con la incontinencia verbal que le caracteriza, manifestó que la Constitución del 78 «está bien como está y no hay que tocarla». No se trata de las sagradas escrituras sino de un texto político, cuestionado por representantes de la mayoría que gobierna la Comunitat Valenciana con el respaldo de muchos miles de electores. En un Estado aconfesional, del mismo modo que se convoca al representante de una creencia religiosa, se debería haber invitado a los de otras confesiones: protestantes, judíos o islámicos.
La celebración institucional de la Constitución en la Comunitat Valenciana se desarrolló, como está establecido por decreto, en la Ciudad de la Luz de Alicante, con el Consell de la Generalitat, encabezado por el president, Ximo Puig -ausente en Madrid- y acompañado por su gobierno. Algo no funciona bien cuando en un país de cinco millones de habitantes, con historia y fueros propios, sus autoridades democráticamente elegidas se ven contestadas por representantes religiosos, institucionales, de organizaciones, de algún club, o de corporaciones que dependen de la Generalitat. La primera autoridad de la Comunitat Valenciana es el president de la Generalitat, Ximo Puig, con sus consellers, seguidos por el president de les Corts, Enric Morera. En ningún caso lo son el delegado del gobierno central, ni el arzobispo, ni el militar de mayor rango. Con estas divergencias difícilmente se puede entender ni argumentar una acción reivindicativa del País Valencià frente al trato parcial, desigual e injusto que reciben los valencianos del centralismo, domiciliado en Madrid y coreado por quienes son destinatarios de sus privilegios y prebendas.
En la ciudad italiana de Bolonia hay abundantes huellas hispánicas. Fue la primera hermanada con València, ya constitucional, en 1978 por su alcalde, Ricard Pérez Casado. La traza más significativa es el hoy llamado Reale collegio di Spagna que se fundó como Domus Hispanica por el cardenal Gil de Albornoz en 1364. Más de cien años antes de la vinculación entre las coronas de Aragón y Castilla, que dio origen más tarde a España como entidad política. En la institución boloñesa, considerada territorio español en toda su extensión, estudian e investigan más de doce doctorandos -españoles y portugueses, incluidos, ibéricos todos- alumnos de la Universidad de Bolonia. La casa colegial está gobernada por el rector que ha de ser propuesto y nombrado por su Junta de Patronato, que hoy preside Íñigo de Arteaga y Martín, duque del Infantado. De la Domus Hispanica de Bolonia salió en 1530 el cortejo para la coronación de Carlos I de España como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Germánico. Este acto tuvo lugar en la basílica de San Petronio y desde entonces el colegio tiene transferida protección regia. Ignacio de Loyola la visitó en 1532. En los avatares recientes del Collegio di Spagna aparecen las trapisondas del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien, en colaboración con el exministro franquista Fernando Suárez, pasó a la firma a Felipe VI un Real Decreto -anticipándose en un día al Consejo de Ministros-, para nombrar a Ángel Martínez Gutiérrez, como rector. No se informó al Patronato ni se tuvo en cuenta la naturaleza privada del centro ni los preceptos legales por los que se rige. Estas maniobras para incautarse del colegio se frustraron y quedaron en nada. La realidad hispánica da para todo.
