Puede coincidirse con las conclusiones de la Conferencia en que deben afrontarse como retos: el demográfico, la sostenibilidad de las pensiones públicas, el sostenimiento del estado de bienestar, el fortalecimiento del mercado interior, la financiación autonómica y la violencia de género, entre otros. Aunque algunos de la misma importancia quedaron en las sombras. Particularmente sorprende que no prestara atención a la necesidad de afrontar la reforma de la educación superior y de la Administración. Dos asuntos cruciales, pues si no caminamos hacia un modelo de economía del conocimiento, es decir, hacía un cambio del modelo económico, nos será muy difícil sobrevivir en la economía global. Y para ello resulta imprescindible acometer la reforma de los estudios superiores que, salvo excepciones, no están a la altura de nuestro tiempo. E, igualmente, resulta imprescindible abordar una auténtica reforma de las Administraciones públicas y de las técnicas administrativas de intervención en la sociedad, ancladas en modelos del siglo pasado. Pues, sin la simplificación de los procedimientos administrativos y sin una más eficaz y eficiente gestión de los asuntos públicos, la Administración en vez de motor seguirá siendo, en demasiadas ocasiones, una rémora para nuestro desarrollo.
El modelo de relación multilateral que supone la Conferencia de Presidentes es, sin duda, el adecuado entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, y entre estos mismos, por varias razones. De una parte, porque los grandes problemas que tenemos planteados los españoles lejos de toda singularidad geográfica o cultural son a todos comunes: demografía, sanidad, educación, mercado interior, asuntos sociales, pensiones, etc. Y, por tanto, las soluciones, que deben respetar en todo caso el principio de igualdad material de todos los españoles, deben ser afrontadas conjuntamente por todos los poderes públicos.
En particular, el problema de la financiación autonómica afrontado, como algunos pretenden, de modo bilateral se convertiría en sumamente tóxico, pues los presidentes de las Comunidades Autónomas en el modelo bilateral dirigen sus reivindicaciones al Gobierno Central, ignorando lo que reivindican las demás Comunidades Autónomas. Y este modelo conduce a que el Gobierno central, salvo cuando es favorable a los intereses de su interlocutor, sea demonizado. Una estrategia que permite atribuir al Gobierno central todas las ineficiencias y desgracias que suceden en la Comunidad en cuestión. Sin embargo, en un foro multilateral, los representantes de los gobiernos comunitarios tienen que explicitar sus pretensiones ante los demás. Y como es lógico, como los fondos a repartir no son ilimitados, el que quiere más tiene que explicar a quien le corresponde recibir menos. O, dicho técnicamente, el cambio del escenario bilateral por el multilateral obliga a todos los participes a ponerse de acuerdo en los criterios de reparto de lo que puede repartirse. Algunos presidentes sostendrán como criterio principal el número de habitantes, pues no cabe duda de que los servicios públicos (sanitario, educativo y sociales) deben prestarse a todas las personas, con los mismos criterios de calidad, sea cual sea el municipio, provincia o comunidad autónoma en que tengan lugar. Pero es probable que otros presidentes consideren que el criterio de la población debe corregirse teniendo en cuenta el de envejecimiento de la misma, su mayor o menor dispersión en el territorio comunitario, los incrementos de población debidos al turismo y, posiblemente, algunos otros presidentes pretenderán que se tenga en cuenta la mayor o menor renta per cápita, la insularidad, el carácter ultra periférico de Canarias. Y, no debe descartarse que en un foro multilateral algunos presidentes se escuden en supuestas singularidades para sostener que todo lo que recaude en un determinado territorio retorne a dicho territorio, liquidando el principio de solidaridad interterritorial y el de igualdad de los españoles.
Sean cuales sean los criterios que se elijan de distribución de los fondos existentes, siempre limitados, deberán motivarse suficientemente de acuerdo con los principios de igualdad y solidaridad personal e interregional. La tarea no es fácil, ni se puede aventurar como quedarán financiadas las distintas Comunidades Autónomas, dependiendo de los criterios de reparto que se adopten.
La ausencia en la Conferencia de los presidentes de los gobiernos de Cataluña y del País Vasco tiene mucho que ver con lo que antes decíamos. Una cosa es la confrontación con el Gobierno central, que permite la demagogia de los presidentes autonómicos, y de sus respectivos partidos políticos, y cosa bien diferente es acudir a un foro multilateral en que estén presentes los presidentes de las demás comunidades autónomas, ante los que hay que justificar que sus ciudadanos son de otra especie, con mayores derechos que los ciudadanos de las demás comunidades autónomas. Es decir, que merecen mejor sanidad, mejor educación, mejores servicios sociales, o mejores inversiones en obras públicas, y un largo etcétera.
La Conferencia de presidentes no está prevista en la Constitución y difícilmente podría estarlo en una eventual reforma de la misma, pues el nuestro es un sistema parlamentario múltiple que quedaría desvirtuado. La Conferencia es un foro informal que no puede dictar normas, ni obligar a que los parlamentos coincidan con sus diagnósticos, ni que lleven a la práctica sus eventuales acuerdos.
Además, en dicha conferencia no están representados todos los partidos del arco parlamentario. No esta presente ni Ciudadanos, ni Podemos y demás complementos, ni los partidos nacionalistas. Por lo demás, los presidentes que asistieron a la Conferencia, salvo alguna excepción, no gobiernan con mayorías parlamentarias, sino en coalición, o con acuerdos de gobierno o parlamentarios. Las voces que en dicha Conferencia se escucharon son las de dirigentes de los partidos Popular y Socialista, creando la falsa impresión de que seguimos instalados en un sistema político bipartidista, lo que está lejos de la realidad actual.
La Conferencia de presidentes no ha alcanzado ningún acuerdo susceptible de ponerse en práctica sin la intervención posterior de las Cortes Generales y de los respectivos parlamentos autonómicos. Se pretende crear comisiones de estudio de diversos temas que sin duda merecen atención prioritaria y que serán útiles siempre que se integren por expertos acreditados capaces de plasmar en papel las mejores soluciones a las problemas. Finalmente, los acuerdos deberán plasmarse en leyes que aprueben los parlamentos, o en decretos-leyes que los parlamentos convaliden, aunque este último instrumento que se ha practicado de un modo masivo en los últimos cinco años, debe limitarse y llevar a los parlamentos el debate que merecen estas reformas de gran trascendencia para la sociedad.
En resumen, la Conferencia de presidentes es un acierto, pero no debe sobredimensionarse ignorando que el nuestro es un sistema parlamentario en que ni el poder ejecutivo puede suplantar a los parlamentos ni éstos al poder ejecutivo. La división de poderes no debe olvidarse que tiene como finalidad principal garantizar que ningún poder pueda prevalecer sobre los demás, poniendo en peligro la libertad de los ciudadanos.
