Los técnicos de Servicios Sociales «preparaban el papeleo» para quitarle la custodia a la madre el mismo día en el que la niña murió. Se trata de la niña de Valladolid, que con tan solo cuatro años ha muerto como consecuencia de una brutal paliza y abusos sexuales por parte del novio de su madre.

Así de duro, veintidós días después de que se activara la alerta de posible maltrato tras un reconocimiento médico. Una realidad que te desgarra el alma allí donde colisiona el aparato burocrático con la crueldad de la vida.

Hablar de niños o de menores es hablar de una población extremadamente vulnerable. Precisamente por ello, la legislación, los protocolos de actuación y la actividad que realizan los profesionales debe de ser especialmente sensible y proteccionista.

Prácticamente es imposible que un niño denuncie o cuente que está siendo maltratado o que sufre abusos sexuales. De ahí, la importancia que tiene la actividad vigilante del entorno familiar y de ciertos profesionales como los maestros, psicólogos, trabajadores sociales o médicos, que de alguna forma pueden intuir o incluso corroborar la situación de maltrato.

En el caso de la niña de Valladolid, habrá que esperar a las conclusiones de la investigación judicial para saber qué es lo que ha podido fallar, o por qué razón no ha sido posible evitar su muerte. Inevitablemente, son muchos los interrogantes que se abren tras una desgracia como esta y los poderes públicos deberán reflexionar acerca de ello.

En la Comunitat Valenciana, el Consell está trabajando en la redacción de una nueva Ley Autonómica de Servicios Sociales frente a la actual de 1997. Es pues, un buen momento para legislar y mejorar los mecanismos que sirven para dotar de una mayor capacidad protectora y preventiva frente a posibles maltratos y abusos hacia un segmento tan vulnerable como son los menores.