Arranca el tercer curso político del Gobierno del Botànic. El anterior finalizó con actos para conmemorar el ecuador de la legislatura. Así, Compromís celebraba su propia exaltación con Mònica Oltra, Joan Ribó y Joan Baldoví como protagonistas. El mantra repetido fue el sentimiento de orgullo por haber logrado mejorar la vida de los valencianos. Esos mismos días, el presidente Ximo Puig -escoltado y supervisado por Oltra, como siempre- esgrimía un mensaje similar; subrayaba el esfuerzo en favor de los más vulnerables y aseguraba que ningún valenciano se sentía avergonzado ya por sus gobernantes.

Pero los datos oficiales sobre nuestras condiciones de vida que acaba de ofrecer el Instituto Nacional de Estadística no sustentan ese sentimiento de orgullo, que en todo caso habrá que restringir a la militancia de los partidos gobernantes. Y es que los valencianos somos, junto con los canarios, quienes con mayores dificultades llegamos a final de mes en España. Y si hablamos del riesgo de pobreza, estamos tres puntos por encima de la media nacional. Pero es que se ha incrementado en dos puntos el porcentaje de familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos: casi la mitad de las familias valencianas. Y uno de cada cinco hogares no puede pagarse una temperatura adecuada. Podemos seguir. Casi la mitad de los valencianos no pueden irse una semana de vacaciones. Hay familias que no pueden comer carne o pescado cada dos días y la Casa de la Caridad ha tenido que incrementar su labor un 11%, habiendo repartido 340.000 raciones de comida en su último ejercicio.

Bueno, pues a pesar de estos datos, nuestros políticos se empeñan en mostrar orgullo. Será que los pobres no cuentan. Eso sí, a sus votantes les han agasajado con un anillo ciclista que ha costado 700.000 eurazos; con obras y exaltación del gobierno de la República que ha supuesto varias decenas de miles de euros; con Oficina Antifraude cuyo mobiliario saldrá por más de 500.000; con un estudio de la universidad que confirmará por 17.000 euros lo acertado de cambiar nombres de calles; con una nueva televisión pública de casi 60 millones, la mitad para nóminas. Y habría otros ejemplos.

Sin poner en duda la legitimidad de las iniciativas del gobierno tripartito, sí cabe, con los datos socioeconómicos actuales, plantearse la idoneidad de muchas de ellas. Pero sobre todo, no puede sentirse orgulloso quien hace política para sus militantes invirtiendo el dinero público en proyectos prescindibles, ideológicos, haciéndolo a costa, entre otras cosas, de perpetuar y normalizar la precariedad en nuestra sociedad.