13 de abril de 2018
13.04.2018

Un peligro invisible

13.04.2018 | 00:03

En Buñol se encuentra una de las fábricas de Cemex. Antes de ser adquirida en 1992 por el capital mexicano, fue Valenciana de Cementos, propiedad de la familia Serratosa. Durante sus 100 años de historia, la fábrica ha sido símbolo y eje fundamental de la actividad económica de Buñol. Hasta tal punto le han tenido sin cuidado a Cemex las consecuencias medioambientales y de salud pública que, aprovechando el vacío en la gestión de residuos, se hizo cargo de una actividad de la que las Administraciones públicas suelen huir porque requiere inversión, imaginación y no es rentable. Un negocio apetecible para las cementeras: aprovechan el proceso de incineración de residuos en sus hornos para ahorrar en combustibles convencionales. Disfrazan estas prácticas altamente nocivas bajo el eufemismo valorización.

Inicialmente, Cemex incineraba todo tipo de desechos en sus hornos, desde residuos urbanos hasta droga incautada. En 2003, el PP empezó a conceder a la cementera las llamadas autorizaciones medioambientales, oficializada así la incineración. A partir de entonces, la Administración siguió concediendo más autorizaciones en las que aumentaba cantidad y clase de residuos. En 2011, viendo que no había resistencia por parte del Gobierno autonómico sino que la connivencia era total, Cemex solicitó autorización para incinerar hasta 295.000 toneladas de residuos al año, urbanos, tóxicos y peligrosos.

El plan consistía en convertir Cemex Buñol en la mayor incineradora de Europa. Gracias a un recurso de Ecologistes en Acció, la autorización quedó en punto muerto. El Gobierno autonómico del PP debía pronunciarse. Pasó el tiempo, nadie movía ficha y la autorización o bien se ejecutaba o bien se desestimaba definitivamente. En ese contexto, en 2014, vio la luz la Plataforma Aire Limpio Hoya de Buñol para luchar contra una problemática que también se da en otros puntos del Estado.

Desde entonces, tras múltiples reuniones, mociones aprobadas en plenos municipales y tres concentraciones a principios de 2017, la presión mediática y social llegó por fin al nuevo gobierno autonómico. Un gobierno autodenominado ecologista, que llevaba en su programa un plan de gestión de residuos que incluía el cese de este tipo de actividades que suponen, además del daño medioambiental, un claro peligro para la salud pública con el aumento exponencial de enfermedades en las zonas afectadas por los gases emitidos durante la incineración de residuos. Un gobierno del que la Plataforma solo ha recibido buenas palabras, algunos gestos (instalación de una estación móvil de medición de la calidad del aire y contratación de dos inspectores más para vigilar estas prácticas) pero pocos avances en la erradicación definitiva de la incineración.
La conselleria de Elena Cebrián no hace gran cosa por avanzar en el cumplimiento de los compromisos de mínimos adquiridos en las reuniones mantenidas, entre ellos aprobar una nueva Autorización Ambiental Integrada que ponga freno a estas prácticas nocivas. A pesar de todo, este combativo grupo de vecinos ha conseguido poner en el candelero un tema que, por invisible que parezca ha llegado a escocer a la multinacional y alarmar a un gobierno autonómico que actualmente se encuentra en una encrucijada: o aprueba la legislación que restrinja la incineración en las cementeras o continúa con el statu quo de permisividad y sumisión a las grandes multinacionales contaminadoras. Hay una comarca que no parará hasta conseguir su objetivo: mejorar la calidad del aire que respiramos es garantizar la vida. ¿Qué mayor responsabilidad que la de insistir hasta lograrlo?

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