La Ley de la Dependencia es una norma demasiado importante para los ciudadanos y la consolidación de la sociedad del bienestar como para que sea víctima del juego político —y electoral, por tanto— entre partidos. No bastan las palabras —¿quién se va a oponer públicamente a una iniciativa que extiende los derechos de quienes no pueden valerse por sí mismos y sus familias?— y es el momento de demostrar con hechos el apoyo a la ley y, sobre todo, a los 120.000 valencianos que podrían verse beneficiados con su implantación real. Hasta el momento y para la puesta en marcha de la norma, la Generalitat ha creado una empresa pública, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) —a la que hay que desear que no imite a la homóloga Ciegsa—, ha evaluado el grado de dependencia de 10.000 solicitantes con los 34 valoradores que ha contratado, ha perfilado el itinerario a seguir por los usuarios y se ha quejado —en reiteradas ocasiones— de la insuficiente financiación prevista por el Gobierno central. Podría parecer una actuación suficiente, pero una mirada al entorno muestra que ya hay hasta siete comunidades que han promulgado la normativa básica autonómica para la aplicación de la ley, mientras que el departamento valenciano de Bienestar Social no ha pasado de la fase de los borradores. Ante este retraso, y con 10.000 expedientes bloqueados, conviene recordar el compromiso del presidente Camps de que la Comunitat Valenciana sería la primera en aplicar la ley. Que no se quede en mera palabra de primavera electoral. Al Gobierno central, por su parte, le corresponde poner todos los medios para que la ansiada norma —el cuarto pilar del Estado del Bienestar, se ha dicho— esté lejos del combate electoral. Y la indefinición sobre el «copago» de los usuarios, sobre la herramienta informática necesaria y la falta de agilidad del órgano de toma de decisiones no son acciones que favorezcan la implantación rápida y eficaz de la ley.
