­El Ayuntamiento de l´Alcora acordó ayer enviar un informe a la Fiscalía de Castelló con los datos de posibles irregularidades de la empresa Reyval Ambient SL, para que este órgano actúe de oficio e investigue el presunto delito ambiental derivado de los vertidos incontrolados denunciados por los vecinos y la propia administración local. El acuerdo, según indicó el alcalde, Javier Peris, se adoptó, por unanimidad de los grupos políticos en la comisión de seguimiento del caso Reyval, que se reunió en 48 horas con el gerente de Reyval y con los vecinos.

Peris indicó que la documentación que el grupo de gobierno en nombre de la corporación remitirá en breve –falta la supervisión del abogado– a la Fiscalía, incluye la orden de la conselleria de cierre de parte de las instalaciones, las denuncias de fugas de vertidos que dieron lugar a investigaciones del Seprona, policías autonómica y Local, técnicos de la CHJ y de la Conselleria de Medio Ambiente. Ésta última, recuerda el concejal Marcos Mas ordenó el cierre cautelar de determinadas instalaciones que no tenían autorización ambiental. Por ello, añade, se le impuso a la firma una sanción de 100.000 euros. Lo que deja claro, el edil de Aipl´a es que no tiene nada contra la empresa, sólo busca que se cumpla la legalidad.

En la misma línea está la portavoz del PP, Mercedes Mallol, quien recuerda que la unidad de acción de la corporación busca garantizar la calidad de vida de los vecinos, sin perjudicar a la empresas, «cuyas actividades legales pueden seguir adelante». Eso sí, como Masó y el grupo de gobierno, sostiene que la postura del gerente de Reyval debe cambiar y asumir que los materiales que trata en su vertedero y planta de valorización son peligrosos y debe someterse a una vigilancia más severa que otras empresas.

Los vecinos, por su parte, según uno de sus portavoces, se muestran preocupados por la situación, porque «siguen los olores, puntualmente, y la emisión de humos con sustancias dudosas». Se muestran dispuestos a ir con el consistorio en los procesos judiciales que se planteen.

En la reunión, la técnica municipal de Medio Ambiente aclaró las dudas sobre algunos procedimientos en marcha, tal como el informe preceptivo para que junto al de la conselleria permita regularizar algunas actividades de Reyval. Carencia de permisos que ocasionó la doble multa.

Mallol recordó que la conselleria «ha sido quien se ha mojado al parar la actividad de algunas instalaciones, mientras el gobierno local no lo hizo antes de abril de 2009 cuando podía». Perís matizó que el consistorio se ha movido siempre dentro de la legalidad.