Los abogados del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, trabajan contrarreloj en un recurso para evitar que su cliente tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, ante un jurado popular, y responder así de 5 supuestos delitos fiscales.
El principal argumento que mantienen los letrados en su recurso ante la Audiencia Provincial de Castelló es que todos los delitos han prescrito desde que se abrió la investigación en los juzgados de Nules a finales del año 2003.
La prescripción es una figura legal que por transcurso del tiempo establecido en la ley produce la extinción de la responsabilidad penal. En el caso de las causas por delito fiscal, la prescripción opera por el transcurso de 5 años a contar desde que se descubre el fraude.
El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, denunció al político popular por aceptar sobornos y comisiones millonarias. Alegar la nulidad de todas las diligencias practicadas desde hace 7 años es la última jugada a la que se aferra Carlos Fabra para evitar un juicio oral que parece cada día más cerca.
La Fiscalía Anticorrupción acusa al presidente de la Diputación de Castelló de haber cometido 5 supuestos delitos fiscales entre los años 1999 y 2004. Sin embargo, para Javier Boix, abogado del mandatario popular, los delitos estarían ya prescritos. Durante ese período, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado ingresos no declarados por importe de más de 1,7 millones de euros en las 94 cuentas corrientes del máximo responsable del PP en la provincia.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario consideran que en principio resultaría «imposible» aplicar la figura de la prescripción al delito detectado en el año 1999, ya que la denuncia que en su día interpuso Hacienda interrumpió esta posibilidad.
El 16 de junio de 2004 los inspectores de Hacienda de Valencia iniciaron un expediente de investigación que concluyó, en junio de 2005, con una denuncia ante el juzgado al hallar 600.000 euros sin justificar en las cuentas del líder provincial del PP.
Según la Fiscalía, el plazo de prescripción legal hubiera entrado en vigor el 1 de julio de 2005, pero los inspectores llevaron la denuncia al juzgado apenas unos días antes de que se agotara el plazo, por lo que se interrumpió la aplicación de esta figura legal y la investigación que se ha llevado a cabo durante estos años entra dentro de los plazos legales, añaden fuentes de Fiscalía.
Durante los meses siguientes a la presentación de la denuncia por parte de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción siguió indagando y halló dinero sin justificar con cargo a ese ejercicio del año 99: hasta 184 ingresos por importe de más de 768.000 euros.
Respecto a los otros supuestos 4 fraudes detectados entre 2000 y 2004, el plazo para que pudiera haber entrado en juego la prescripción hubiera sido el 1 de julio de 2006. Boix pretende probar en su recurso ante los magistrados de la Audiencia que si no se inician actuaciones judiciales tras detectarse un supuesto fraude fiscal, el plazo de los 5 años para llegar a la prescripción sigue corriendo.
La tesis no prosperará
Sin embargo, una vez más su tesis no prosperará, según la Fiscalía, ya que la Audiencia Provincial de Castelló emitió en febrero del año 2006 un auto que dio un impulso crucial al caso Fabra al ordenar que se investigara el patrimonio del presidente de la Diputación y su familia porque «no es infrecuente» que en este tipo de casos el incremento obtenido «pueda ocultarse en la esfera familiar».
A juicio de la Fiscalía, esta decisión de la Audiencia suponía «que ya había actuaciones judiciales tendentes a averiguar si existió delito», con lo cual, una vez más, la prescripción quedaría interrumpida.
Lo que a estas alturas de proceso parece claro es que Fabra ha renunciado ya a aclarar el origen millonario de su patrimonio y lo fía todo a que sus abogados consigan probar la nulidad de 7 años de diligencias.
