La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado admitir a trámite los recursos planteados por el Ayuntamiento de Almassora contra la anulación del Plan Especial de Reserva del Suelo de 1997. Según la resolución del Alto Tribunal se declara, asimismo, la firmeza de la sentencia dictada en su día contra el consistorio y que obliga a la administración local a pagar las correspondientes indemnizaciones a los vecinos afectados por las expropiaciones de la avenida Generalitat.
Sin embargo, será necesario un nuevo auto para conocer las cantidades exactas a desembolsar. Los apelantes estiman que los pagos oscilarán entre los 15 y los 20 millones de euros.
Esta nueva resolución cierra las puertas a la interposición de nuevos recursos por parte del Ayuntamiento de Almassora al considerar que no es posible revisar el fondo de un asunto que es jurídicamente «firme» y, por tanto, le obliga a contraer la mayor deuda económica de su historia. Además, impone el pago de las costas procesales a esta parte por ser inadmisible el recurso de casación.
El Partido Socialista de Almassora anunció ayer que remitirá el auto por registro al interventor municipal para que tenga conocimiento directo del asunto «ya que también él tiene su responsabilidad». Además, según estas fuentes, «no será creíble ningún plan de ajuste presupuestario que no incluya y prevea esta situación», añade el portavoz socialista, Santiago Agustí. Por su parte, fuentes del equipo de gobierno manifestaron ayer que el procedimiento judicial «sigue abierto y está en manos del gabinete jurídico contratado por el consistorio».
Las expropiaciones se remontan a diciembre de 1996. El pleno municipal celebrado en aquel entonces acordó la compra de estos terrenos por unanimidad. Dos meses más tarde, en febrero de 1997, la sesión plenaria aprobó el Plan Especial de Reserva del Suelo con el voto favorable de todos los grupos.
El consistorio adquirió así las parcelas de la avenida Generalitat que hoy albergan la residencia de la tercera edad, el IES Vila-roja, la piscina cubierta y una zona verde.
De 10 a 1.200 euros el m2
Los técnicos municipales valoraron los 46.707 metros cuadrados de solar a razón de entre 10,85 y 11,42 euros el metro cuadrado. La Junta Provincial de Expropiación estableció el precio entre 11,42 y 13,22 euros por metro cuadrado. Los propietarios afectados, descontentos con la tasación, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
En 2003 llegaron al Ayuntamiento de Almassora seis sentencias que valoraban el metro cuadrado entre los 18 y los 72 euros y comenzó el interminable proceso judicial. Fue durante el mandato en coalición de PSPV y Bloc (1999-2003) cuando el consistorio presentó el primer recurso contra el fallo de los tribunales, un primer paso que ha continuado durante los mandatos posteriores en defensa de los intereses municipales.
Un año después el ayuntamiento aprobó en pleno una modificación de crédito para incorporar 2,1 millones de euros con los que pagar las indemnizaciones por las expropiaciones del Plan Especial de Reserva de Suelo.
Mientras, el equipo de gobierno recurrió todas las sentencias ante el Supremo excepto la más cuantiosa, valorada en 600.000 euros, porque era firme.
Por otro lado, el TSJ desestimó los recursos de súplica presentados tras la resolución judicial de 2007 que daba la razón a los propietarios pero dejaba abierta la posibilidad de recurrir ante el Supremo, como finalmente ocurrió. La sala reafirmó en el documento la necesidad de indemnizar a los vecinos pues, aunque decretó la nulidad de las expropiaciones, era inviable la devolución del suelo tras el plan urbanístico.
El precio del suelo
El TSJ estableció el precio de las expropiaciones a 1.200 euros el metro cuadrado en el terreno calificado como urbano y a 735 euros el denominado urbanizable.
Agustí puntualiza su petición de responsabilidades políticas «no por el año 1997, sino por 2006, fecha de sentencia firme, porque el alcalde, Vicente Casanova, no ha previsto el impacto económico de un tema que jurídicamente está en contra de los intereses generales de la institución municipal». «En los años de bonanza económica no hemos previsto nada y ahora nos preguntamos cómo vamos a hacer frente» a la deuda, añaden las mismas fuentes.
