Sin actividad no hay viabilidad. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia ha ordenado abrir la fase de liquidación de la Coopera la Protecció Agrícola de Alberic, que en septiembre había solicitado la declaración del concurso voluntario de acreedores al no poder hacer frente a las deudas contraídas por importe de 2,3 millones de euros. La junta rectora dio libertad en aquel momento a los escasos socios que permanecían vinculados a la entidad para que dispusieran de sus cosechas ya que, ante el escaso volumen de kilos, se había decidido no iniciar la campaña. Los contactos mantenidos para arrendar las naves -de reciente construcción ya que fueron inauguradas en septiembre de 2008- y generar ingresos no se han concretado en ninguna propuesta concreta y, apenas tres meses después de que el juzgado aceptara el concurso, ha ordenado dar paso a la liquidación, según confirmó ayer el abogado que representa a la cooperativa en este proceso, Agustín Ferrer.
La falta de ingresos impide a esta entidad centenaria hacer frente a las deudas contraídas. El auto del juzgado fechado en diciembre por el que se declaraba el concurso y se sometía cualquier decisión en la entidad al filtro de un administrador concursal incluía un llamamiento a los acreedores para que dieran a conocer las deudas que la cooperativa de Alberic mantenía con ellos y que, finalmente, se han cifrado en 2,3 millones de euros.
La entidad bancaria que financió la construcción de las nuevas naves es el acreedor mayoritario. La cooperativa formalizó un préstamo hipotecario en el año 2007 de 2.229.080 euros del que todavía se adeudan 1,8 millones, según los datos facilitados en la asamblea de socios que, el pasado mes de septiembre, acordó solicitar el concurso voluntario para evitar que un previsible cierre pudiera derivar en responsabilidades del consejo rector y de los propios agricultores. El resto de la deuda corresponde al impago de cosechas a los socios y a terceros a los que se compró género para incrementar la actividad en el almacén y repartir los gastos estructurales.
El último presidente de la entidad, Emilio Villaralbo, reconoció en su día que la construcción de los nuevos almacenes se había convertido en la «tumba» de la entidad ya que prácticamente desde el primer momento, con el cierre de la tienda de suministros, se produjo un aluvión de bajas sin que la cooperativa reclamara a esos socios que contribuyeran a las cargas comprometidas. La reducción de la masa so cial y, por tanto, de la producción, también derivó en una caída de los fondos operativos -que dependen de los kilos- con los que se había previsto pagar la hipoteca. Este círculo vicioso tenía una consecuencia directa en las liquidaciones y el descontento generaba nueva bajas hasta el punto que al solicitar el concurso apenas quedan 40 socios en la entidad.
Los amagos de algunos socios para destituir a la última junta rectora con el objetivo de buscar viabilidad a la cooperativa tampoco se han concretado en nada y el juez ha ordenado la liquidación en un auto fechado en marzo.
