El pago a los regantes por beber del Xúquer y la existencia de la propia Comunidad de Usuarios de la Ribera, consorcio que gestiona el intercambio de aguas entre municipios y agricultores con la finalidad de que las de mayor calidad se destinen al abastecimiento humano y no al riego, podrían tener sus días contados.
El vuelco electoral que el pasado domingo otorgó el dominio político de la comarca y la Comunitat Valenciana a las fuerzas de izquierda vaticina un cambio radical en las políticas hídricas seguidas hasta ahora por el Partido Popular en relación con el problema de la contaminación y los nitratos.
Algunos de los futuros alcaldes de los municipios que integran este organismo compuesto por Alzira, Algemesí, Carcaixent, Cullera, Favara, Llaurí y Corbera -hasta ahora gobernados por el PP en su mayoría y que van a pasar a manos de PSOE o Compromís, principalmente- ya han dejado claro que su intención es exigir una concesión directa de agua de boca para la comarca.
Esto permitirá a los municipios que en estos momentos beben de la potabilizadora gestionada por el consorcio y pagan a los regantes por coger agua del río que dejen de hacerlo, de modo que el precio del recibo no se encarezca.
Uno de los primeros en pronunciarse ha sido el más que probable nuevo alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien a su vez es secretario general del PSPV de la Ribera Baixa. Mayor ha expresado que tras la constitución de las nuevas corporaciones su intención es que se convoque a los municipios implicados para trazar una hoja de ruta que pase por exigir de forma inmediata la concesión de agua del Xúquer para la comarca. «Cuando eso se logre, la comunidad de usuarios dejará de tener sentido y, por tanto, habrá que ver si hay que disolverla», ha añadido.
Por su parte, el primer edil de Corbera, el nacionalista Jordi Xavier Vicedo, coincide con esta visión, pero apunta que «la exigencia de la concesión debe hacerse incluso antes de que haya un cambio de gobierno en España» y además pide que se investigue quién ha causado la contaminación del agua y se exijan responsabilidades para evitar que sean los usuarios de la comarca los que deban pagar de su bolsillo la amortización de las obras de construcción de la potabilizadora de la Garrofera. «Los vecinos no son los que han contaminado y, por tanto, no tienen porqué costearlo», sentencia.
Otros dirigentes consultados apuntan en esa misma dirección, aunque entienden que el funcionamiento de la Comunidad de Usuarios deberá continuar por lo menos hasta que no exista una concesión «porque no podemos privar a los vecinos del agua libre de nitratos».
Esta posición común se ve reforzada con la presencia de las poblaciones de las fases de la potabilizadora que se acaba de finalizar -Algemesí- y el resto de municipios que deberán engancharse, caso de Sueca, Albalat de la Ribera, Benicull, Polinyà de Xúquer Riola y Fortaleny. Todos ellos van a contar con gobiernos progresistas con presencia de PSOE, Compromís y Esquerra Unida.
Por tanto, a priori, el entendimiento entre los partidos de izquierda no será complicado. Si el mencionado ente, impulsado por el Consell saliente de Alberto Fabra en el año 2013, ha estado dominado por cargos del Partido Popular que gobernaban -con la excepción de Corbera- las localidades integrantes así como la Generalitat Valenciana, ahora la situación será diametralmente opuesta y el PP quedará totalmente fuera al haber perdido el poder en los ayuntamientos e instituciones implicados.
