El cambio de gobierno en la Generalitat no servirá, de momento, para desatascar la construcción del anhelado Palau de Justícia de Alzira, que suma ya casi veinte años en «modo espera». La nueva consellera de Justicia, Gabriela Bravo, comunicó el miércoles al alcalde de Alzira, Diego Gómez, que en estos momentos resulta inviable afrontar la construcción de un inmueble que permita agrupar las dependencias que hoy se reparten por cuatro sedes y, por contra, pidió al ayuntamiento que ofrezca a la conselleria locales para trasladar tanto el juzgado de lo penal como la fiscalía de área ya que, según explicó el alcalde, se están pagando alquileres muy elevados.
Gómez encabezaba una delegación municipal que se desplazó a la conselleria para plantear todos los asuntos pendientes relacionados con las infraestructuras judiciales en la ciudad. La actuación más importante y que se arrastra durante más tiempo es la construcción del Palacio de Justicia, que el anterior Consell del PP ya prometió en el año 1996 y que no ha construido.
Diego Gómez comentó que la actual consellera dejó claro que hoy por hoy no es viable rescatar el proyecto tanto por la inversión que supone como por un asunto de planificación judicial ya que, según detalló el alcalde, no es una competencia exclusiva de la Generalitat y se tiene que contar también con el Gobierno central. Como alternativa, indicó el alcalde de Alzira, Gabriela Bravo planteó trabajar por dignificar las actuales sedes judiciales de la ciudad. Los juzgados de primera instancia se distribuyen actualmente en dos edificios distintos, uno ubicado en la calle Ronda de Algemesí con graves problemas de espacio y accesibilidad, y el segundo en la plaza del Sufragio. Más alejado y en un bajo de la plaza de la Generalitat que no reúne las condiciones mínimas se localiza el juzgado de lo penal número 15, mientras que la Fiscalía ocupa las dependencias más modernas en la Plaça de la Sang.
Contra los desahucios
Diego Gómez detalló que si bien la consellera no ve viable acometer en estos momentos el Palau de Justicia, apuesta por dignificar las sedes judiciales de la ciudad y, en esta línea, comentó que había solicitado al ayuntamiento que ofreciera locales para trasladar tanto el juzgado de lo penal como la fiscalía.
El primero ocupa un bajo con problemas de espacio, de ventilación, que carece incluso de calabozo para los detenidos. El anterior gobierno municipal (PP) había anunciado el traslado al edificio de la Parrilla, aunque Gómez comentó que la conselleria «no lo tiene claro» y enviará a sus técnicos para estudiar posibles opciones. El alcalde invitó a Gabriela Bravo a visitar los juzgados de la ciudad.
Por otra parte, Diego Gómez indicó que había informado a la consellera de la moción aprobada en Alzira contra los desahucios y, según explicó, obtuvo el compromiso de que una vez se constituya en octubre la nueva Federación Valenciana de Municipios, la conselleria contactará con esta entidad para tratar de coordinar a todas las instituciones implicadas en este problema, desde los juzgados a los ayuntamientos pasando por los bancos y los afectados.
