El juzgado de instrucción número 1 de Picassent ha decretado la apertura de juicio oral en el proceso abierto por la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable en diversas partidas de Montroi a través de un auto fechado el pasado 10 de agosto en el que finalmente formula la acusación contra 18 implicados, a los que reclama una fianza de 3.358.791 euros para garantizar las responsabilidades que se pudieran derivar y sitúa entre los responsables subsidiarios si los acusados no pueden hacer frente a este importe tanto al Ayuntamiento de Montroi como a la Administración del Estado, ya que entre los implicados figuran el actual alcalde de Montroi, Antonio Polo -de baja por problemas de salud en la actualidad- como su antecesor, Francisco Javier Carrión, así como dos notarios y un registrador de la propiedad que tienen la condición de funcionarios públicos.
El auto de apertura de juicio oral traslada el caso a la Audiencia de Valencia dado el importe de algunas penas solicitadas -el fiscal ha pedido 16 años de prisión para el exalcalde Carrión- y completa una investigación que se ha prolongado durante seis años ya que fue en 2009 cuando el Fiscal de Medio Ambiente y el propio juzgado de Picassent empezaron a trabajar en un caso que saltó a la luz cuando en febrero de 2010 la Guardia Civil tomó posiciones de madrugada en Montroi para practicar varios registros simultáneos, entre ellos el del propio ayuntamiento y practicó varias detenciones.
La defensa del actual alcalde, Antonio Polo, ha solicitado la nulidad de esta resolución del juzgado de Picassent al entender que decreta la apertura de juicio oral sin haber resuelto un recurso previo contra el auto de incoación de procedimiento abreviado en el que solicitaba que se desgajara la causa de Polo al entender que la fiscalía le atribuía un delito de omisión del deber de perseguir delitos que nada tiene que ver con las acusaciones de estafa, falsificación documental, cohecho o delitos contra la ordenación del territorio que se imputan a otros acusados. Los letrados que representan al alcalde también argumentan que el auto de apertura de juicio oral no puede recoger delitos distintos a los que contemplaba la incoación del procedimiento abreviado que únicamente se refería a la desobediencia, por lo que no entiende que la última resolución del juzgado de Picassent también atribuya a Polo el resto de delitos. Cabe señalar que, en su momento, el la fiscalía únicamente solicitó para él una pena de dos años de inhabilitación.
Por otra parte, el juzgado excluye a Antonio Polo del requerimiento a los acusados para que presten la fianza -es el único que queda fuera- con la amenaza de recurrir al embargo de bienes para alcanzar los 3,3 millones.
El auto de apertura de juicio oral dirige finalmente la acusación contra 18 implicados, entre los que se encuentran, además del alcalde de Montroi y su antecesor, cinco promotores y constructores, un delineante, un abogado, dos notarios, un oficial de notaría, un registrador, un arquitecto, un arquitecto técnico y una intérprete y decreta el sobreseimiento provisional sobre otra imputada.
114 viviendas y 200 afectados
La investigación de la causa se ha centrado sobre la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas, Pla Galán, Los Corrales, L'Hospitalet y Les Valletes, que se vendieron de forma mayoritaria a jubilados ingleses y alemanes.
Las diligencias practicadas han permitido constatar a la juez de Picassent que existen indicios razonables de delito en la construcción de 114 viviendas, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización Las Palomas. El número de afectados por la adquisición de estas viviendas se estima en torno a doscientas personas, mayoritariamente extranjeras.
El auto judicial imputa a los implicados un delito continuado de estafa, contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad documental o prevaricación, en otros. Las penas que en su día solicitó la fiscalía provincial oscilan entre los dos y los trece años de cárcel, salvo en el caso del exalcalde popular Francisco Javier Carrión, para el que el Ministerio Público solicitó 16 años de prisión. El propio Carrión valoró en su día como desmesurada esta pena y defendió que había actuado correctamente al frente del Ayuntamiento de Montroi.
