Las quejas de vecinos de l'Alquerieta por la difícil convivencia en el barrio centraron ayer gran parte de la primera asamblea ciudadana celebrada en Alzira, que situó a casi un centenar de personas frente a la corporación municipal -la obligación de identificarse que se impuso a los asistentes a la puerta del ayuntamiento provocó que al comienzo la afluencia fuera bastante menor- de los que doce tomaron la palabra para interpelar a concejales y plantear sus demandas o inquietudes.
La reivindicación de un vecino de la Vila para que se reactive la rehabilitación del centro histórico o la queja de otro de la calle Gandia por las molestias que genera la zona de ocio llevaron los problemas de los barrios al salón de plenos, pero en este terreno los vecinos de l'Alquerieta fueron mayoría. Apenas hubo interpelaciones con trasfondo político.
Hasta cinco residentes en l'Alquerieta describieron los problemas de convivencia por tener caballos atados en la calle y por el trato que dispensan personas que no respetan las normas básicas de convivencia que además, a la mínima, profieren todo tipo de amenazas. «La calle Lutxana es un infierno y cada vez más porque las casas se venden baratas y llega el 'primo vente'», relató una vecina. Hasta dos personas ofrecieron sus casas a los miembros de la corporación un mes para que sepan lo que es vivir en l'Alquerieta.
El presidente de la asociación, Miguel Ángel Levanteri, cerró esta ronda advirtiendo de que en sólo cuatro meses «se ha ido al garete todo lo que había costado 19 años conseguir» y comentó que el nuevo gobierno había tenido cien días de gracia «pero l'Alquerieta no los tiene» y auguró que, si no se actúa rápido, en pocos años nadie irá al ayuntamiento a plantear los problemas del barrio «porque no quedará nadie». La concejal de Policía, Sara Garés, señaló que se está realizando un seguimiento de las casas que se están ocupando en l'Alquerieta y de si las personas que las han ocupado realizan actividades «raras», dijo, y el alcalde, Diego Gómez, recogió las quejas y dijo que el gobierno estudiará la posibilidad de realizar «acciones más directas».
Esta primera asamblea ciudadana demoró el inicio del pleno. «Somos un poco novatos pero entre todos vamos a dar este paso», explicó Gómez. Chelo Martínez (PP) lamentó que no hubiera intérpretes de signos para que personas sordas también pudieran participar. El alcalde lo atribuyó a un olvido y señaló que era el primer acuerdo de cara a la asamblea de octubre.
