Los ajustes que los ayuntamientos han realizado en materia de personal en los años más complicados de la crisis ya tienen su traslación en forma de cifra: diez millones de euros. Esa es la diferencia entre lo que prevén gastar los 47 ayuntamientos de la Ribera en nóminas de personal a su cargo durante el actual ejercicio 2015 y lo que gastaron en 2010, según los cálculos realizados por este diario a partir de las cuentas públicas de cada municipio.
La previsión del importe de las nóminas de los trabajadores al servicio de la administración en la Ribera asciende a 100 millones de euros para 2015 de unos presupuestos globales de 234 millones. Es la cifra más baja del último lustro, lo que da cuenta de que los ajustes realizados por los ayuntamientos han surtido efecto para dar paso, en la mayoría de los casos, a un período de estabilidad.
El dato es uno de los más significativos del avance de los presupuestos de 2015 de las entidades locales que acaba de actualizar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Durante estos años, el pago al personal tanto laboral como político siempre ha superado los cien millones de euros en los presupuestos de los municipios ribereños, e incluso en 2010, antes de la llegada de los ajustes, llegó a 110 millones de euros. En ese momento, municipios como Cullera, Benifaió, Sueca o Carcaixent destinaban más del 45% de sus ingresos a pagar las nóminas. Un caso paradigmático fue 2009 cuando el gasto en personal de los ayuntamientos de la Ribera aumentó en nueve millones en sólo un año pese a caer los ingresos.
Cifras que marcan tendencia
Más allá de la cifra, la lectura de los presupuestos deja clara una tendencia a la baja, que, con toda seguridad, ahondará en 2016, especialmente en la partida de pagos a cargos polítcos, ya que la mayoría de los nuevos ayuntamientos, donde los partidos de izquierda forman gobierno, han aprobado retribuciones más bajas que las de sus predecesores. Además, las cifras señalan que los gastos de personal sufrieron aumentos continuados en los años de bonanza y que estos se prolongaron incluso hasta bien entrada la crisis.
Sin embargo, la situación empezó a cambiar con la llegada al Gobierno de España del Partido Popular que obligó a los ayuntamientos más endeudados a realizar severos planes de ajuste con amortización de plazas de trabajadores que llegaban a la edad de jubilación o recortes de sueldos, lo que puso freno al gasto del capítulo 1, que incluye la relación de puestos de trabajo y salarios de empleados y cargos de designación.
Un caso especial es el del Ayuntamiento de Carcaixent que tiene en esta partida un particular caballo de batalla. El gobierno de Compromís está dispuesto a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo, lo que ha abierto un enconado conflicto con los representantes de los trabajadores que han reclamado incluso dimisiones.
